Inicio › Educación › Absentismo escolar
Hablamos de absentismo escolar cuando un alumno en edad de escolarización obligatoria falta a clase de forma reiterada y sin justificación válida. A diferencia del abandono, aquí el menor sigue matriculado: el problema es la asistencia, no la permanencia en el sistema. Cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo, normalmente activado por el centro cuando se supera un número de faltas sin justificar en un periodo determinado. Intervienen el tutor, el equipo directivo, orientación y, si el caso persiste, servicios sociales municipales y, en última instancia, la fiscalía de menores, qué puede intervenir cuando hay indicios de desprotección.
Un niño o adolescente qué debería estar en clase por su edad falta una y otra vez sin motivo justificado. Sigue matriculado en el colegio o instituto, con su plaza reservada, pero no aparece por allí de forma habitual. Es distinto de faltar un día puntual por enfermedad: aquí hablamos de un patrón qué se repite en el tiempo y qué nadie explica ni justifica ante el centro.
Un niño de 4º de Primaria acumula faltas sin justificar semana tras semana, sin qué la familia dé ninguna explicación al colegio. El tutor lo detecta al revisar el parte de asistencia, avisa a la familia por escrito y, al no obtener respuesta ni mejora, el centro activa el protocolo municipal de absentismo, qué incluye la intervención de los servicios sociales del ayuntamiento para valorar la situación familiar.
El absentismo es faltar a clase de forma reiterada estando todavía matriculado en el centro; el abandono escolar temprano es dejar el sistema educativo de manera definitiva sin seguir formándose después, normalmente a partir de los 16 o 18 años.
El número exacto de faltas y el periodo de referencia varían según la comunidad autónoma y su protocolo específico de absentismo, por lo qué conviene consultar siempre el reglamento de la consejería de educación correspondiente para conocer el umbral concreto.
Si las faltas continúan pese a la intervención del centro y de la familia, el caso se deriva a los servicios sociales municipales para valorar la situación, y en supuestos graves y persistentes puede comunicarse a la fiscalía de menores por posible desprotección.