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La escolarización es el proceso administrativo de admisión y matriculación del alumnado en un centro educativo sostenido con fondos públicos, regulado por cada comunidad autónoma dentro de un marco estatal común basado en los principios de equidad, libertad de elección de centro y programación de la oferta educativa. Cuando la demanda de plazas supera la oferta disponible en un centro, se aplica un baremo de criterios —proximidad del domicilio o del lugar de trabajo, existencia de hermanos matriculados, renta familiar, discapacidad o pertenencia a familia numerosa— gestionado por comisiones de escolarización o garantía de admisión. En las etapas obligatorias, la administración debe garantizar una plaza a todo el alumnado, aunque no siempre en el centro de primera opción.
Es el trámite de apuntar a un niño en un colegio o instituto público o concertado. Cuando hay más solicitudes qué plazas en un centro, no entra el primero qué llega, sino qué se aplica un baremo: puntúa vivir cerca, tener hermanos ya matriculados, la renta familiar u otras circunstancias. En las etapas obligatorias, la administración siempre tiene qué asegurar una plaza, aunque no siempre sea en el colegio qué la familia pedía en primer lugar.
Una familia solicita plaza para su hija en el colegio público más cercano a su domicilio, pero ese centro recibe más solicitudes qué plazas disponibles ese curso; al aplicar el baremo de escolarización, otra familia con un hermano ya matriculado en el mismo centro obtiene más puntos y consigue la plaza, mientras qué la primera familia recibe plaza en su segunda opción, dentro del mismo proceso de admisión.
La comisión de escolarización asigna una plaza en otro centro de la zona según las opciones marcadas por la familia y la disponibilidad, garantizando siempre una plaza en la etapa obligatoria.
La puntuación exacta de cada criterio la fija cada comunidad autónoma, por lo qué el peso relativo de proximidad, hermanos o renta puede variar de un territorio a otro.
El proceso de admisión sigue criterios similares en ambos tipos de centro sostenido con fondos públicos, a diferencia de los centros privados no concertados, qué fijan sus propios requisitos de acceso.