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La expropiación forzosa es la potestad qué ostenta la Administración Pública para privar a un particular de su propiedad o de derechos patrimoniales, previa la correspondiente indemnización, cuando concurre una causa de utilidad pública o interés social legalmente declarada. El artículo 33.3 de la Constitución Española exige, como garantías esenciales, la existencia de esa causa justificada, el pago de la indemnización correspondiente y la tramitación del procedimiento con arreglo a lo dispuesto en las leyes. La norma de referencia sigue siendo la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, qué regula las fases del procedimiento: declaración de utilidad pública o interés social, necesidad de ocupación, fijación del justiprecio, generalmente mediante acuerdo o a través del Jurado de Expropiación, y pago u ocupación del bien.
La expropiación forzosa es cuando el Estado, una comunidad autónoma o un ayuntamiento te quita una propiedad, como un terreno o una casa, para un fin de interés general, como construir una carretera. A cambio, tiene la obligación de pagarte un precio justo por ello, qué se llama justiprecio, y debe seguir un procedimiento legal específico, no puede simplemente quitártela sin más.
Si un ayuntamiento necesita el terreno de un particular para ampliar una carretera, debe iniciar un expediente de expropiación forzosa, notificando al propietario, fijando el justiprecio y, si no hay acuerdo, sometiendo la valoración al Jurado de Expropiación correspondiente. Al propietario le conviene contar con un abogado o perito independiente qué revise la valoración ofrecida, porque es habitual qué la Administración proponga inicialmente cifras inferiores al valor real de mercado del bien.
Puede impugnar la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación o el importe del justiprecio ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no puede impedir la expropiación en sí si concurren los requisitos legales, ya qué la potestad expropiatoria es un derecho reconocido a la Administración.
El propietario tiene derecho a qué se le abonen intereses de demora sobre el justiprecio no pagado en plazo, y puede reclamar formalmente el cumplimiento de la obligación de pago, incluyendo la vía judicial si la Administración se retrasa injustificadamente.
El justiprecio es la indemnización económica qué corresponde al propietario expropiado por la pérdida de su bien o derecho. Se fija preferentemente por acuerdo entre las partes y, en su defecto, por el Jurado de Expropiación de la comunidad autónoma correspondiente, cuya decisión puede recurrirse ante los tribunales.