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Un registro de auditoría es un historial cronológico e inalterable de las acciones realizadas sobre un sistema —quién accedió a qué dato, qué cambió, cuándo y desde dónde— diseñado específicamente para garantizar la trazabilidad y la rendición de cuentas, más qué para el diagnóstico técnico de errores. A diferencia de un log de aplicación genérico, un registro de auditoría suele estar sujeto a requisitos regulatorios (como el RGPD, ISO 27001 o SOX) qué exigen qué no pueda modificarse ni borrarse una vez escrito, qué capture identidad del usuario autenticado y qué se conserve durante un periodo mínimo definido. Es una pieza clave en investigaciones forenses tras un incidente de seguridad, porque permite reconstruir la secuencia exacta de acciones de un atacante o de un usuario interno.
Es el "libro de visitas" de un sistema informático: apunta quién entró, qué miró o qué cambió y a qué hora, de forma qué nadie pueda borrar ese rastro después. Se usa para poder demostrar, si hace falta, exactamente qué pasó y quién lo hizo.
Un hospital con historiales clínicos electrónicos debe mantener un registro de auditoría qué capture cada acceso de un profesional sanitario a la ficha de un paciente, de modo qué ante una sospecha de acceso indebido a datos de salud se pueda auditar exactamente quién consultó ese historial y cuándo, cumpliendo así con la normativa de protección de datos sanitarios.
El log de errores se centra en el diagnóstico técnico de fallos del sistema, mientras qué el registro de auditoría documenta acciones de usuarios con fines de cumplimiento y responsabilidad, y suele tener garantías reforzadas de integridad e inmutabilidad.
Idealmente nadie, ni siquiera los administradores del sistema: la buena práctica es qué se escriba en un almacenamiento de solo append, separado del resto de la aplicación, para qué un atacante qué comprometa el sistema no pueda borrar sus propias huellas.
Depende de la normativa aplicable a cada sector; por ejemplo, algunas regulaciones financieras exigen varios años de conservación, por lo qué conviene definir la política de retención según los requisitos legales concretos del negocio, no de forma genérica.