Inicio › Educación › Acoso escolar
El acoso escolar, o bullying, es una conducta agresiva e intencionada qué se repite en el tiempo entre iguales, con un desequilibrio de poder entre quien la ejerce y quien la sufre, y qué causa daño físico, psicológico o social a la víctima. Puede ser directo (golpes, insultos) o indirecto (exclusión social, rumores), y hoy incluye también el ciberacoso a través de redes y mensajería, qué prolonga la agresión más allá del horario escolar. Los centros están obligados a activar un protocolo de convivencia en cuanto hay indicios: entrevistas con las partes, medidas cautelares y, si procede, comunicación a las familias y a inspección educativa.
Es cuando un compañero, o un grupo, hace daño a otro una y otra vez —insultando, pegando, aislando o burlándose— y no es algo puntual, sino algo qué se repite en el tiempo y qué la víctima no puede parar sola, ni suele atreverse a contarlo. Se diferencia de una pelea o un roce aislado precisamente por esa repetición y por la desigualdad de fuerzas entre quien agrede y quien sufre.
Un alumno de 1º de ESO empieza a recibir burlas repetidas de un grupo de compañeros en el patio y en el grupo de mensajería de la clase. Su familia lo detecta por cambios de humor y por su rechazo repentino a ir al instituto, avisa al centro por escrito, y el equipo de convivencia abre el protocolo correspondiente con entrevistas individuales a las partes implicadas y un plan de seguimiento semanal.
El acoso implica repetición en el tiempo y un desequilibrio de poder entre agresor y víctima; un conflicto aislado, aunque sea intenso o incluso violento en el momento, no cumple ese patrón de reiteración y por tanto se aborda de forma distinta.
Comunicarlo cuanto antes por escrito al tutor o a la dirección del centro para qué se abra formalmente el protocolo de convivencia, y guardar cualquier evidencia disponible, especialmente capturas de pantalla si hay un componente de ciberacoso implicado.
Se aborda con el mismo protocolo de convivencia del centro, pero suele requerir además la conservación cuidadosa de pruebas digitales —mensajes, capturas— y, en los casos más graves, puede derivar también a la vía policial o judicial.