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Un inquilino moroso es aquel arrendatario que incumple su obligación contractual de pago de la renta, ya sea por impago total, parcial o reiterados retrasos, incurriendo en una causa legal de resolución del contrato de arrendamiento según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
La morosidad puede derivar en un proceso de desahucio por impago de rentas, uno de los procedimientos más frecuentes en los juzgados españoles, que exige al arrendador acreditar el incumplimiento y notificar formalmente el requerimiento de pago antes de iniciar la vía judicial.
Para prevenir esta situación, los propietarios suelen exigir avales bancarios, seguros de impago de alquiler o depósitos adicionales de fianza, además de comprobar el historial crediticio y laboral del inquilino antes de firmar el contrato de arrendamiento.
Dicho de forma simple, un inquilino moroso es alguien que alquila una vivienda y deja de pagar la renta acordada, lo que da derecho al propietario a reclamar la deuda y, si persiste, a iniciar el desahucio.
Se aplica en la gestión de alquileres cuando el propietario recibe el aviso de un impago: primero envía un requerimiento fehaciente de pago, después contrata un seguro de impago si lo tenía activo para cobrar la indemnización, y en último caso presenta demanda de desahucio express ante el juzgado correspondiente.
Puede requerir el pago de forma fehaciente, activar el seguro de impago de alquiler si lo contrató, y si la deuda persiste, iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago ante los tribunales.
El plazo varía según el juzgado y la comunidad autónoma, pero el procedimiento de desahucio express puede resolverse en varios meses desde la presentación de la demanda hasta el lanzamiento efectivo.
Cubre generalmente un número determinado de mensualidades y los gastos de defensa jurídica del procedimiento de desahucio, según las condiciones específicas de la póliza contratada.