Inicio › Inmobiliaria › VPO: Vivienda de Protección Oficial
La VPO, o vivienda de protección oficial, es una vivienda calificada por la administración pública con un precio máximo de venta o alquiler regulado, destinada a facilitar el acceso a un hogar a personas y familias con ingresos limitados que no pueden asumir el precio de la vivienda libre en el mercado.
Para acceder a una VPO es necesario cumplir requisitos establecidos por cada comunidad autónoma, entre ellos no superar un determinado nivel de ingresos familiares, no ser propietario de otra vivienda salvo excepciones justificadas, y en muchos casos empadronarse en el municipio donde se ubica la promoción antes de la solicitud.
Las VPO se dividen habitualmente en régimen general y régimen especial según el nivel de renta de los solicitantes, y están sujetas a un periodo de protección, que puede oscilar entre diez y treinta años, durante el cual no pueden venderse ni alquilarse libremente en el mercado sin descalificar la vivienda o devolver las ayudas recibidas.
En palabras sencillas, una VPO es una vivienda con precio limitado por el Estado o la comunidad autónoma para que personas con menos ingresos puedan comprarla o alquilarla más barata que en el mercado libre, a cambio de cumplir ciertas condiciones y no revenderla libremente durante años.
Para acceder a una VPO conviene inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida de la comunidad autónoma correspondiente, reunir la documentación que acredite ingresos y composición familiar, comparar el régimen general y especial según los límites de renta, y consultar el periodo de protección antes de firmar, ya que condiciona una futura venta.
Personas o familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida que cumplan los límites de ingresos fijados por la comunidad autónoma, no sean propietarias de otra vivienda y, en muchos casos, acrediten arraigo o empadronamiento en el municipio.
No de forma libre: mientras dure el periodo de protección hay que vender a un precio máximo tasado y, en muchos casos, ofrecer primero la vivienda a la administración o a otro demandante inscrito en el registro, salvo que se descalifique pagando las ayudas recibidas.
El régimen especial está pensado para familias con ingresos más bajos, con precios de venta inferiores y mayores ayudas, mientras que el régimen general admite ingresos algo más altos y precios máximos superiores, aunque siempre por debajo de la vivienda libre.