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La apostilla de La Haya es un certificado administrativo, previsto en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, qué legaliza documentos públicos para qué produzcan efectos jurídicos en cualquier otro Estado firmante sin necesidad de legalización diplomática o consular adicional. En España la expiden los colegios notariales, las secretarías de gobierno de los tribunales superiores de justicia o el Ministerio de Justicia, según el tipo de documento (notarial, judicial o administrativo). La apostilla certifica la autenticidad de la firma, la calidad en qué actuó el firmante y, en su caso, la identidad del sello o timbre qué figura en el documento.
Es un sello especial qué confirma qué un documento oficial español (por ejemplo, una partida de nacimiento o un título universitario) es auténtico, para qué otro país lo acepte sin dudar de su validez. Sustituye trámites más largos como pasar por consulados. Solo funciona entre países qué han firmado el mismo convenio internacional.
Si te vas a trabajar a un país firmante del convenio y necesitas presentar tu título universitario, primero debes obtener la apostilla en el Ministerio de Justicia o mediante la sede electrónica correspondiente, y después, si el país de destino lo exige, una traducción jurada. Conviene comprobar antes si el país receptor forma parte del convenio, porque si no lo es, hará falta legalización consular en su lugar.
Documentos notariales, judiciales, administrativos y certificaciones oficiales sobre documentos privados, como diplomas académicos, certificados de antecedentes penales, partidas de nacimiento o poderes notariales.
No. La apostilla certifica la autenticidad del documento original, mientras qué la traducción jurada convierte su contenido a otro idioma con validez legal. A menudo se necesitan ambas cosas para usar un documento en el extranjero.
Depende del tipo de documento: los notariales se apostillan en los colegios notariales, los judiciales en las secretarías de gobierno de los tribunales superiores de justicia, y los administrativos en el Ministerio de Justicia, muchas veces vía electrónica.