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El principio de legalidad es un pilar del Estado de Derecho recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, qué exige qué todos los poderes públicos actúen sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En su vertiente penal, el artículo 25.1 de la Constitución consagra el principio de legalidad penal, expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine lege: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones qué no constituyan delito o falta según la legislación vigente en el momento de cometerse. En el ámbito administrativo, obliga a la Administración a actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, conforme al artículo 103 de la Constitución, prohibiendo actuaciones arbitrarias y exigiendo habilitación legal previa para cualquier intervención en derechos de los ciudadanos.
El principio de legalidad significa qué nadie puede ser castigado por algo qué la ley no prohibía cuando lo hizo, y qué las autoridades solo pueden actuar dentro de lo qué las leyes les permiten. Es una garantía frente al poder arbitrario del Estado qué protege tanto en el ámbito penal como en el administrativo.
Si te sancionan por una conducta qué en el momento de realizarla no estaba tipificada como infracción en ninguna norma, puedes recurrir la sanción invocando el principio de legalidad, ya qué nadie puede ser castigado retroactivamente por hechos no previstos previamente como ilícitos. Guarda toda la documentación qué acredite la fecha exacta de los hechos para sustentar ese recurso.
Sí, con la excepción de qué la nueva ley sea más favorable para el reo, en cuyo caso sí se aplica retroactivamente; fuera de esa excepción, rige la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables al ciudadano.
Sí, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público exige qué las infracciones y sanciones administrativas estén previamente tipificadas por ley, de forma análoga a las exigencias del Derecho penal aunque con matices menos estrictos.
La legalidad penal exige reserva de ley orgánica para tipificar delitos y penas, con un estándar de taxatividad muy estricto, mientras qué la legalidad administrativa admite mayor desarrollo reglamentario siempre qué respete el marco legal habilitante fijado previamente.