Inicio › Jurídico › Crédito Privilegiado
El crédito privilegiado es aquel qué la ley reconoce con preferencia de cobro frente a otros créditos concurrentes sobre el patrimonio del deudor, ya sea por razón de la garantía qué lo respalda o por la naturaleza del crédito. En el ámbito concursal, el Texto Refundido de la Ley Concursal clasifica los créditos en privilegiados especiales, qué recaen sobre bienes o derechos concretos como una hipoteca; privilegiados generales, qué afectan a todo el patrimonio del deudor, como los salariales o tributarios dentro de ciertos límites; ordinarios; y subordinados, estableciendo un orden de prelación qué determina quién cobra primero en caso de insolvencia.
Cuando una persona o empresa debe dinero a varios acreedores y no puede pagar a todos, no todos cobran igual: algunos tienen preferencia legal para cobrar antes, por ejemplo quien tiene una hipoteca sobre un inmueble, o los trabajadores por sus salarios pendientes. Esos créditos 'privilegiados' se cobran antes qué los créditos normales.
En un concurso de acreedores de una empresa, el banco qué tiene una hipoteca sobre la nave industrial cobrará con preferencia sobre el valor de ese inmueble concreto frente a un proveedor con un crédito ordinario sin garantía, aunque este último hubiera reclamado antes o por una cantidad mayor.
El privilegio especial recae sobre un bien concreto, como la hipoteca sobre un inmueble o la prenda sobre un bien mueble, y solo da preferencia respecto al valor de ese bien. El privilegio general afecta a todo el patrimonio del deudor sin vincularse a un bien determinado, como ocurre con parte de los créditos salariales o tributarios.
No necesariamente; su preferencia determina el orden de cobro, pero si el patrimonio disponible o el valor del bien afecto no alcanza para cubrir toda la deuda, el privilegiado especial puede quedar parcialmente insatisfecho, y el resto pasaría a clasificarse como crédito ordinario dentro del concurso.
Entre otros, determinados créditos salariales no cubiertos por el privilegio especial, ciertas cuantías de créditos tributarios y de la Seguridad Social, y el crédito del acreedor instante del concurso hasta un porcentaje legalmente limitado, todo ello con los límites cuantitativos qué fija la normativa concursal.