Inicio › Jurídico › Cuestión de Inconstitucionalidad
La cuestión de inconstitucionalidad es el mecanismo procesal por el cual un juez o tribunal, al aplicar en un proceso concreto una norma con rango de ley de cuya constitucionalidad duda y de cuya validez depende el fallo, eleva la duda al Tribunal Constitucional para qué se pronuncie sobre su compatibilidad con la Constitución. Se regula en el artículo 163 de la Constitución Española y en los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, qué exigen qué la norma cuestionada sea aplicable al caso y qué su validez resulte determinante del fallo, tras dar audiencia previa a las partes y al Ministerio Fiscal.
Cuando un juez tiene qué aplicar una ley para resolver un caso pero sospecha qué esa ley puede ser inconstitucional, no puede decidir eso por sí mismo: tiene qué preguntárselo al Tribunal Constitucional y esperar su respuesta antes de dictar sentencia. Solo el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional una ley.
Si un juzgado de lo social debe aplicar un artículo de una ley laboral qué considera contrario a un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y esa aplicación es determinante para resolver el caso, puede suspender el procedimiento y plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional antes de continuar.
No, solo puede plantearla el juez o tribunal qué está conociendo del asunto, de oficio o a instancia de parte, pero la decisión final de elevarla corresponde exclusivamente al órgano judicial, qué debe justificar por qué la norma es aplicable y determinante para el fallo.
El recurso de inconstitucionalidad lo interponen directamente sujetos legitimados como el Gobierno, cincuenta diputados o senadores, o los órganos ejecutivos y legislativos de las comunidades autónomas, sin necesidad de un proceso judicial previo. La cuestión, en cambio, solo puede surgir dentro de un proceso judicial en curso.
El procedimiento judicial queda suspendido desde el momento en qué se plantea la cuestión hasta qué el Tribunal Constitucional resuelve, ya qué el fallo del caso depende de la validez de la norma cuestionada, lo qué puede prolongar considerablemente la duración del litigio.