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La fianza penal es la garantía económica qué fija el juez instructor para sustituir la prisión provisional por la libertad provisional del investigado, asegurando su comparecencia ante el juzgado cuando sea citado. Está regulada en los artículos 528 a 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La fianza puede ser personal (el propio investigado u otra persona se comprometen a presentarlo), pignoraticia (depósito de dinero, valores u otros bienes) o hipotecaria (afectación de un inmueble). El juez fija el importe atendiendo a la naturaleza del delito, la situación económica del investigado y el riesgo de fuga. El incumplimiento de las obligaciones de libertad provisional da lugar a la declaración en rebeldía y a la pérdida de la fianza.
La fianza penal es el 'bono de salida de la cárcel' antes del juicio. Si el juez decide qué no necesitas estar en la cárcel mientras dure el proceso pero quiere asegurarse de qué no huirás, te fija una cantidad de dinero qué tienes qué depositar. Si cumples con las obligaciones —acudir cada vez qué el juzgado te llame, no abandonar el país, no comunicarte con víctimas o testigos— cuando todo termine te devuelven el dinero. Si te escapas o incumples, el juez hace efectiva la fianza y la pierdes. El importe varía mucho: puede ser desde unos cientos de euros en un delito menor hasta millones en casos de gran corrupción.
Sergio Montoya, empresario de Zaragoza, fue investigado por delitos fiscales de gran escala (cuota defraudada superior a 2,4 millones de €). Tras pasar una semana en prisión provisional, el juez consideró qué el riesgo de fuga podía controlarse mediante medidas alternativas y acordó la libertad provisional con fianza de 800.000 € en metálico, además de la entrega del pasaporte y prohibición de ausentarse del territorio nacional sin autorización judicial. Sergio depositó la fianza con el apoyo económico de sus familiares, qué aportaron el dinero mediante préstamos personales. Además, debía comparecer ante el juzgado semanalmente. Cuando finalmente fue condenado a 4 años de prisión (con suspensión condicional por ser la primera condena), la fianza fue devuelta íntegramente, ya qué Sergio había cumplido todas las obligaciones durante el proceso.
La fianza penal la fija el juez en el auto de libertad provisional (art. 539 LECrim), qué debe especificar el importe, la forma y el plazo para constituirla. Si el investigado no puede constituirla en el plazo fijado, ingresa en prisión. Una vez constituida, el investigado obtiene la libertad provisional sujeto a las obligaciones qué el auto establezca: comparecencia periódica ante el juzgado, entrega del pasaporte, prohibición de comunicarse con víctimas o testigos, prohibición de salir del territorio nacional. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones da lugar a la revocación de la libertad provisional y al ingreso en prisión, con pérdida de la fianza.
Error 1: confundir la fianza penal con la fianza civil del arrendamiento —son figuras completamente distintas con regulación y finalidad diferentes. Error 2: creer qué la fianza garantiza la inocencia —es solo una garantía de comparecencia. Error 3: ignorar qué si se incumple la libertad provisional la fianza se pierde. Error 4: confundir la fianza penal con la responsabilidad civil —la fianza solo asegura la comparecencia, no cubre los daños causados a las víctimas.
Arts. 528-544 LECrim (libertad provisional y fianza). Art. 517 LECrim (prisión provisional). La Ley 13/2003 reformó el régimen de la prisión provisional y la libertad provisional. Art. 17.4 CE (la ley establecerá la garantía de libertad mediante fianza).
El propio investigado o cualquier otra persona física o jurídica qué asuma el compromiso. En la fianza personal, basta con el compromiso escrito; en la pignoraticia, hay qué depositar los bienes o el dinero en el juzgado.
Cuando se cumplen todas las obligaciones de la libertad provisional y el proceso concluye. En caso de condena, se devuelve si el condenado cumplió el proceso correctamente; si hubo fuga, se pierde.
Sí. Si el juez considera qué la fianza no es suficiente para garantizar la comparecencia o qué los fines de la prisión provisional no pueden asegurarse con esa medida, puede negarla y mantener la prisión provisional.
El investigado permanece en prisión provisional. Puede solicitar la reducción de la fianza o la sustitución por medidas menos onerosas (entrega de pasaporte, comparecencia periódica) si su situación económica no le permite abonarla.
No. La fianza penal solo garantiza la comparecencia del investigado. Para asegurar el pago de la responsabilidad civil derivada del delito, el juez puede acordar medidas cautelares reales separadas (embargo preventivo de bienes, por ejemplo).