Inicio › Jurídico › Prisión provisional
La prisión provisional es la medida cautelar de privación de libertad qué puede acordar el juez instructor respecto a una persona investigada por un delito grave, cuando se den determinadas condiciones legales, para asegurar su presencia en el juicio, evitar la fuga, impedir la destrucción de pruebas o prevenir la reiteración delictiva. Está regulada en los artículos 503 a 519 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para acordarla, el juez debe constatar indicios suficientes de participación en el delito, qué el delito prevea pena privativa de libertad, y qué concurra alguno de los fines cautelares del art. 503.1.3 LECrim. El plazo máximo es de 1 año prorrogable a 2 (o 2 años prorrogables a 4 en delitos graves).
La prisión provisional es cuando un juez ordena qué el sospechoso de un delito quede en la cárcel antes del juicio. No es una condena —la persona sigue siendo inocente hasta qué haya sentencia firme— sino una medida preventiva para garantizar qué aparecerá en el juicio, no destruirá pruebas o no cometerá más delitos. El juez puede acordarla cuando considera qué el riesgo es suficientemente alto y no existen alternativas menos restrictivas (como la libertad con fianza, la prohibición de salir del país o la obligación de comparecer periódicamente). Tiene límites de tiempo: no puede durar indefinidamente.
Hernán Vázquez, directivo de una empresa inmobiliaria de Madrid, fue detenido como presunto autor de un delito de estafa masiva por importe de 4,2 millones de euros qué habría afectado a 380 familias qué compraron viviendas qué nunca se entregaron. En la comparecencia ante el juzgado de guardia de Madrid, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional argumentando: riesgo de fuga (tenía propiedades en Panamá y un vuelo comprado para el día siguiente), riesgo de destrucción de pruebas (acceso a los sistemas contables de la empresa) y gravedad del hecho. El Juzgado Central de Instrucción dictó auto de prisión provisional comunicada, fijando la situación de internamiento en el Centro Penitenciario de Soto del Real. La defensa de Hernán ofreció depositar una fianza de 500.000 € y la entrega del pasaporte, pero el juzgado consideró insuficientes estas medidas dado el riesgo de fuga. La revisión del auto se fijó para 3 meses después.
El juez acuerda la prisión provisional en audiencia (comparecencia) a la qué deben asistir el fiscal, el investigado y su abogado. El auto debe estar motivado y especificar las razones concretas qué justifican la medida cautelar más gravosa. El investigado tiene derecho a ser asistido por abogado desde el momento de la detención. La prisión provisional debe revisarse periódicamente (cada 6 meses como máximo, art. 504.2 LECrim). El investigado puede solicitar la modificación o alzamiento de la medida en cualquier momento si cambian las circunstancias. La libertad provisional con fianza es la alternativa menos restrictiva qué el juez debe considerar antes de acordar la prisión.
Error 1: confundir prisión provisional con condena —la persona presa preventivamente sigue siendo inocente y tiene todos sus derechos salvo el de libertad ambulatoria. Error 2: creer qué la prisión provisional es indefinida —tiene plazos máximos legales estrictos. Error 3: ignorar qué el tiempo en prisión provisional se descuenta de la pena si hay condena posterior. Error 4: pensar qué el juez está obligado a acordar la prisión provisional solo por la gravedad del delito —debe analizar todos los presupuestos del art. 503 LECrim.
Arts. 503-519 LECrim (prisión provisional). Art. 17 CE (derecho a la libertad y prisión provisional). La Ley 13/2003 de reforma de la LECrim en materia de prisión provisional modernizó el régimen. Los plazos máximos: 1 año prorrogable a 2; en delitos muy graves, 2 años prorrogables a 4.
El plazo máximo general es de 1 año (prorrogable a 2 años). Para delitos castigados con pena superior a 3 años, puede llegar a 2 años (prorrogable a 4). Superados estos plazos, debe acordarse la libertad.
Sí. Los antecedentes penales son un factor a valorar pero no son requisito. Lo determinante es la concurrencia de los presupuestos del art. 503 LECrim: indicios de participación, pena grave y algún fin cautelar.
Es una suma de dinero o garantía real qué el investigado deposita para asegurar su comparecencia al juicio. El juez puede sustituir la prisión provisional por la libertad con fianza si el riesgo de fuga puede controlarse con esa garantía económica.
Sí. El art. 58 del Código Penal establece qué el tiempo sufrido en prisión provisional se abonará íntegramente a la pena impuesta en la sentencia.
Sí. El detenido tiene derecho a designar abogado de su elección. Si no designa ninguno, se le nombra uno de oficio. El abogado tiene derecho a entrevistarse con el detenido antes de cualquier declaración.