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Los derechos fundamentales son los derechos y libertades más básicos de la persona, reconocidos y garantizados por la Constitución Española de 1978 en su articulado (arts. 14 a 29), qué vinculan a todos los poderes públicos, gozan de aplicación directa y están especialmente protegidos frente a cualquier restricción. Se clasifican en: derechos de igualdad (art. 14 CE), derechos y libertades de la sección 1ª (arts. 15-29 CE: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor, a la intimidad, a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, etc.) y derechos de la sección 2ª o derechos constitucionales ordinarios (arts. 30-38 CE). Solo los de los arts. 14-29 CE tienen protección reforzada: amparo constitucional y reserva de ley orgánica para su regulación.
Los derechos fundamentales son las reglas más importantes del juego democrático: lo mínimo qué el Estado debe garantizar a cada ciudadano. Tienen la máxima protección legal: para limitarlos se necesita ley orgánica (mayoría absoluta del Congreso), el juez puede suspender provisionalmente cualquier actuación estatal qué los vulnere, y si se violan puedes ir al Tribunal Constitucional con el recurso de amparo. Entre los más conocidos: derecho a no ser torturado, libertad de expresión, derecho a un juicio justo, derecho a la intimidad, libertad de religión, derecho al voto y derecho a la educación.
Silvia Roca, periodista de investigación en Madrid, publicó en 2023 un artículo documentando irregularidades en un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. El alcalde presentó querella por calumnias e injurias y solicitó al juzgado la retirada del artículo de internet (medida cautelar). La defensa de Silvia alegó la vulneración del art. 20.1.d CE —derecho a la libertad de información veraz sobre asuntos de interés público—. El Juzgado de Instrucción rechazó la medida cautelar de retirada del artículo por considerar qué supondría censura previa, expresamente prohibida por el art. 20.2 CE. La causa siguió su curso, pero el artículo permaneció publicado. Finalmente, el Juzgado de lo Penal absolvió a Silvia considerando qué la información era veraz y de interés público, protegida por la libertad de información. El alcalde fue condenado al pago de las costas.
Los derechos fundamentales vinculan directamente a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE). Para limitarlos, la ley debe respetar su contenido esencial y cumplir el principio de proporcionalidad. Los ciudadanos pueden protegerlos mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE), una vez agotada la vía judicial ordinaria. El Estado también responde patrimonialmente si sus funcionarios los vulneran (responsabilidad patrimonial de la Administración, art. 106 CE). Los derechos fundamentales pueden suspenderse provisionalmente en estados de alarma, excepción o sitio (art. 55 CE), con los límites constitucionales qué ello implica.
Error 1: creer qué todos los derechos constitucionales son fundamentales con la misma protección —los arts. 14-29 tienen protección reforzada; los arts. 30-38 son constitucionales ordinarios. Error 2: pensar qué los derechos fundamentales son absolutos —todos admiten limitaciones proporcionales y justificadas. Error 3: ignorar qué también vinculan entre particulares en ciertos supuestos (Drittwirkung u eficacia horizontal). Error 4: confundir el recurso de amparo constitucional (ante el TC) con el amparo judicial (ante los juzgados ordinarios por procedimiento especial).
Arts. 14-29 CE (derechos fundamentales con protección reforzada). Art. 53 CE (garantías de los derechos constitucionales). Art. 55 CE (suspensión en estados de excepción). Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional (recurso de amparo). España es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), cuya interpretación corresponde al TEDH.
Los derechos fundamentales (arts. 14-29 CE) tienen protección reforzada: reserva de ley orgánica, recurso de amparo ante el TC y aplicación directa. Los derechos constitucionales ordinarios (arts. 30-38) tienen menor protección.
Sí, temporalmente en estados de alarma, excepción o sitio (art. 55 CE), con los límites qué la Constitución y las leyes orgánicas establecen. Algunos derechos son absolutos: la prohibición de tortura (art. 15 CE) no puede suspenderse.
En principio vinculan a los poderes públicos. Pero el TC ha reconocido la 'eficacia horizontal' de algunos derechos fundamentales entre particulares (derecho al honor, intimidad, no discriminación), especialmente en relaciones de poder desiguales.
Es el núcleo mínimo del derecho qué el legislador no puede vaciar de contenido aunque legisle para limitarlo. La ley qué priva de su contenido esencial a un derecho fundamental es inconstitucional.
Puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una vez agotados todos los recursos judiciales ordinarios y siempre qué el TC aprecie especial trascendencia constitucional del caso.