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El seguro de ciberriesgo es una póliza diseñada para cubrir las pérdidas económicas derivadas de incidentes de seguridad informática, como ataques de ransomware, filtraciones de datos, fraude electrónico o interrupción de la actividad por caída de sistemas, ya sea que el daño lo sufra la propia empresa asegurada o terceros afectados.
Su relevancia ha crecido de forma acelerada con la digitalización de las empresas y la obligación legal de proteger datos personales bajo el RGPD, que impone sanciones económicas severas en caso de filtración de información sensible, además de los costes directos de recuperación de sistemas y la pérdida de ingresos por parada de la actividad.
Suele estructurarse combinando coberturas de responsabilidad civil frente a terceros (por ejemplo, clientes cuyos datos se filtraron), gastos de gestión de la crisis (peritos informáticos, asesoría legal, notificación a afectados) y, en algunas pólizas, cobertura por extorsión en caso de secuestro de datos.
Dicho de forma sencilla, es un seguro que paga los gastos y daños que sufre una empresa cuando la hackean, le roban datos o le bloquean los sistemas con un virus, cubriendo tanto la reparación como las posibles multas o reclamaciones de clientes afectados.
Se aplica cuando una pyme sufre un ataque de ransomware que bloquea su sistema de facturación: la póliza cubre los honorarios del perito informático que restaura los sistemas, la asesoría legal para notificar la brecha a la Agencia Española de Protección de Datos y, según la cobertura contratada, parte de la pérdida de ingresos durante la parada.
Habitualmente cubre gastos de respuesta al incidente (peritos, forense informático), responsabilidad civil frente a terceros afectados, notificación de brechas de datos, y en algunas pólizas la pérdida de beneficios por interrupción de la actividad.
No es obligatorio, aunque el cumplimiento del RGPD y la creciente exposición a ciberataques hacen que cada vez más empresas, especialmente las que manejan datos personales, lo contraten de forma preventiva.
Algunas pólizas incluyen cobertura de extorsión cibernética que puede cubrir el pago de un rescate, aunque muchas aseguradoras lo excluyen o lo limitan por las implicaciones legales y éticas de financiar a atacantes.