El seguro D&O (Directors and Officers) es una póliza de responsabilidad civil que protege el patrimonio personal de los administradores, directivos y altos cargos de una empresa frente a reclamaciones derivadas de decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo, cubriendo tanto la defensa jurídica como las indemnizaciones que pudieran resultar de una sentencia adversa.
Este seguro cobra especial importancia porque, según la legislación mercantil española, los administradores responden con su patrimonio personal por daños causados a la sociedad, a los socios o a terceros por actos negligentes o contrarios a la ley, la escritura social o los estatutos, más allá de la protección limitada que ofrece la forma societaria.
Suele cubrir reclamaciones por decisiones de gestión, conflictos con accionistas o inversores, incumplimientos regulatorios, procedimientos concursales, y en algunos casos investigaciones administrativas, quedando habitualmente excluidos los actos dolosos o el fraude intencionado.
En palabras simples, es un seguro que protege el dinero y el patrimonio personal de un directivo si le demandan por decisiones que tomó como gestor de la empresa, pagando los abogados y, si procede, la indemnización.
Se aplica cuando los accionistas de una empresa demandan a su consejero delegado alegando que una decisión de inversión causó pérdidas significativas a la compañía: el seguro D&O cubre los honorarios de los abogados que defienden al directivo y, si la sentencia es desfavorable, la indemnización dentro de los límites contratados.
A administradores, consejeros y altos directivos de una empresa frente a reclamaciones derivadas de sus decisiones de gestión, protegiendo su patrimonio personal y no el de la empresa.
Los actos dolosos, el fraude intencionado, la obtención de beneficios personales ilícitos y, en general, cualquier conducta delictiva cometida a sabiendas por el directivo.
Aunque nació en grandes corporaciones, cada vez más pymes y startups lo contratan, especialmente cuando incorporan inversores externos que exigen esta protección como condición para entrar en el capital.