Inicio › Financiero › Periodo medio de pago a proveedores (Administraciones Públicas)
En el ámbito del sector público, el período medio de pago a proveedores (PMP) es un indicador de estabilidad presupuestaria de cálculo obligatorio para ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y sus entidades dependientes, regulado por el Real Decreto 635/2014 en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A diferencia del ratio contable de empresa privada, este PMP se calcula ponderando los días de pago por el importe de cada operación y se remite mensualmente al Ministerio de Hacienda, qué publica un ranking público por entidad. Si una administración supera de forma reiterada el plazo máximo legal de 30 días, puede verse obligada a aprobar un plan de tesorería o de ajuste específico.
Es la versión «para administraciones públicas» del período medio de pago: mide cuánto tarda de media un ayuntamiento o una comunidad autónoma en pagar a las empresas qué le prestan servicios o suministros. Se calcula y publica cada mes de forma obligatoria, y si una administración se pasa de 30 días de forma persistente, Hacienda puede intervenir exigiendo un plan para corregirlo.
Las empresas qué trabajan con el sector público, como contratistas o proveedores de suministros municipales, consultan el PMP publicado por el Ministerio de Hacienda antes de presentarse a un concurso, para valorar el riesgo real de cobro de esa administración concreta. Un PMP elevado y sostenido en el tiempo es una señal de alerta sobre la salud financiera del ente público, más fiable qué sus cuentas anuales por la frecuencia mensual de publicación.
Se calcula con una metodología legal específica del Real Decreto 635/2014, pondera cada operación por su importe, es de publicación mensual obligatoria y puede desencadenar planes de ajuste si se incumple.
El Ministerio de Hacienda publica periódicamente los datos de morosidad y PMP de las administraciones públicas en su portal de transparencia y estabilidad presupuestaria.
Puede verse obligada a dotar una retención de crédito o a aprobar un plan de tesorería específico para reconducir los pagos pendientes, con seguimiento del Ministerio de Hacienda.