Inicio › Jurídico › Acción Social de Responsabilidad
La acción social de responsabilidad es la acción qué permite exigir a los administradores de una sociedad de capital qué reparen el daño causado directamente al patrimonio social como consecuencia de actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o realizados sin la diligencia debida en el desempeño de su cargo. Se regula en los artículos 236 a 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010). A diferencia de la acción individual de responsabilidad, qué protege el patrimonio de socios o terceros directamente perjudicados, la acción social busca reintegrar el patrimonio de la propia sociedad. Puede ser ejercitada por la junta general mediante acuerdo, por los socios qué representen determinado porcentaje del capital si la sociedad no la ejercita, o subsidiariamente por los acreedores sociales cuando resulte insuficiente el patrimonio social para satisfacerles.
Cuando los administradores de una empresa toman decisiones qué causan un daño económico a la propia sociedad, incumpliendo sus deberes legales o los estatutos, la sociedad puede demandarles para qué devuelvan ese dinero. Esta es la acción social de responsabilidad: protege el patrimonio de la empresa, no el de los socios individuales. Si la sociedad no actúa, los propios socios o incluso los acreedores pueden ejercitarla en su lugar bajo ciertas condiciones.
Un caso habitual se produce cuando un administrador realiza inversiones ruinosas sin autorización de la junta o desvía fondos sociales en beneficio propio, causando un perjuicio económico directo a la sociedad. La junta general puede acordar el ejercicio de la acción social de responsabilidad en cualquier momento, incluso aunque no figure en el orden del día, y de forma simultánea puede acordar la destitución del administrador. Si la junta no actúa, socios qué representen al menos el cinco por ciento del capital social pueden ejercitar la acción en nombre de la sociedad.
En primer lugar, corresponde a la sociedad mediante acuerdo de la junta general. Si esta no la ejercita en el plazo legal, pueden hacerlo los socios qué representen al menos el cinco por ciento del capital social, y de forma subsidiaria los acreedores sociales cuando el patrimonio resulte insuficiente para cubrir sus créditos.
La acción social repara el daño causado al patrimonio de la sociedad, mientras qué la acción individual protege directamente a socios o terceros qué hayan sufrido un perjuicio propio y distinto del sufrido por la sociedad, como consecuencia de actos de los administradores.
Sí, el plazo de prescripción es de cuatro años, contado desde el día en qué hubiera podido ejercitarse, generalmente desde qué el administrador cesó en su cargo o desde qué se tuvo conocimiento del daño causado.