La caducidad es la extinción de un derecho o de una acción por el transcurso del plazo fijado por la ley o el contrato, sin que sea posible su interrupción ni suspensión. A diferencia de la prescripción, el juez puede apreciarla de oficio y las partes no pueden renunciar a ella ni ampliar sus plazos. En el Código Civil no existe una regulación general de la caducidad, pero aparece implícita en numerosos preceptos: el plazo de 4 años para la anulabilidad (art. 1301 CC), el de 30 días para el ejercicio del retracto legal (art. 1524 CC) o el de 3 meses del art. 1137 CC. La doctrina distingue entre plazos de prescripción —afectados por la actividad de las partes— y plazos de caducidad —fatales e improrrogables—.
Si la prescripción es el reloj que puede pausarse o reiniciarse, la caducidad es una bomba de relojería: cuando llega la hora, explota y ya no hay nada que hacer. No puedes interrumpirla enviando un burofax, no puedes pedir prórroga, no puedes alegar que no lo sabías. El juez la aplica aunque el demandado no la alegue. Por ejemplo, el derecho de tanteo o retracto en una compraventa caduca en 30 días: si no lo ejerces en ese plazo, lo pierdes para siempre. En materia de impugnación de acuerdos societarios, el plazo de caducidad puede ser de 40 días. La caducidad busca la seguridad jurídica: que los derechos no queden en suspenso indefinidamente.
Petra González, socia minoritaria de una SL en Barcelona con el 15% del capital, asistió en octubre de 2023 a una junta en la que se aprobó un aumento de capital que, según su abogado, vulneraba sus derechos. El art. 205 de la Ley de Sociedades de Capital fija un plazo de caducidad de 1 año para impugnar acuerdos sociales nulos, y de 40 días para los meramente anulables, a contar desde la adopción del acuerdo o, si no estuviste en la junta, desde que tuviste conocimiento. Petra esperó 35 días antes de consultar a su abogado y se encontró con que le quedaban apenas 5 días de plazo. La demanda fue presentada el último día hábil. Si hubiera tardado una semana más en consultar, el derecho de impugnación habría caducado y no habría forma de recuperarlo, ni con burofax ni con ninguna otra acción interruptiva.
Ante un plazo de caducidad, la única forma de conservar el derecho es ejercitarlo dentro del plazo. No existen fórmulas para interrumpirlo. En algunos casos la ley exige que el ejercicio sea judicial (demanda); en otros, extrajudicial es suficiente. Para saber si un plazo es de caducidad o de prescripción hay que analizar la norma: si la norma dice "caduca" o establece un plazo muy breve ligado a la seguridad del tráfico jurídico, suele ser caducidad. El juez controlará de oficio la caducidad de acciones procesales. En derecho administrativo, los plazos de interposición de recursos también son de caducidad: si no presentas el recurso contencioso en 2 meses, pierdes la acción.
Error 1: confundir caducidad con prescripción e intentar "interrumpirla" con un burofax —no tiene efecto alguno. Error 2: pensar que el juez solo aplica la caducidad si la alega el demandado —en realidad puede aplicarla de oficio. Error 3: ignorar los plazos brevísimos de caducidad en materia societaria (40 días para acuerdos anulables). Error 4: creer que la caducidad no puede renunciarse anticipadamente —efectivamente no puede; sí puede hacerlo la prescripción ya consumada.
No existe artículo general de caducidad en el CC, pero opera en arts. 1301 (4 años anulabilidad), 1524 (30 días retracto), 512 CC (extinción usufructo). Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010), art. 205 (40 días/1 año impugnación acuerdos). Ley 29/1998 LJCA, art. 46 (2 meses recurso contencioso-administrativo).
Sí. A diferencia de la prescripción, la caducidad puede ser apreciada de oficio por el juez en cualquier momento del proceso, sin necesidad de que el demandado la invoque.
No. Los plazos de caducidad son fatales e improrrogables. Ni un burofax, ni una carta notarial, ni el reconocimiento del deudor interrumpen la caducidad. La única forma de preservar el derecho es ejercitarlo dentro del plazo.
20 días hábiles desde el despido (art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores). Es un plazo de caducidad, no de prescripción. Si se presenta la papeleta de conciliación dentro del plazo, este queda suspendido.
No exactamente. La prescripción extingue la acción pero el derecho subsiste. La caducidad extingue el propio derecho subjetivo de forma radical, sin posibilidad de recuperación.
El retracto legal debe ejercerse en 30 días desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta y sus condiciones (art. 1524 CC). Es un plazo de caducidad: si se supera, el derecho se extingue definitivamente.