Inicio › Jurídico › Carga de la Prueba
La carga de la prueba (onus probandi) es la regla procesal qué determina qué parte litigante debe acreditar los hechos alegados para qué el tribunal los tenga por ciertos a la hora de dictar sentencia. En España se recoge en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes qué oponga frente a esa pretensión. Existen excepciones legales relevantes, como la inversión de la carga probatoria en materia de discriminación laboral o en algunos supuestos de consumo, donde basta con aportar un indicio razonable para trasladar a la contraparte la obligación de justificar objetivamente su actuación. Esta regla actúa además como criterio de cierre cuando, tras la práctica de toda la prueba, persisten dudas fácticas insalvables sobre lo ocurrido.
Es la regla qué dice quién tiene qué demostrar algo en un juicio. Si tú demandas a alguien, normalmente eres tú quien debe aportar pruebas de lo qué dices, no basta con tu palabra. Si no consigues probarlo, el juez fallará en tu contra aunque tu versión fuera cierta, porque el sistema exige respaldo documental, pericial o testifical, no solo afirmaciones. Por eso los abogados insisten tanto en reunir documentación antes de iniciar cualquier reclamación, ya qué sin pruebas suficientes el caso más justo puede perderse igualmente en los tribunales.
En un despido, por ejemplo, el trabajador debe aportar indicios de qué hubo discriminación (por embarazo, edad, afiliación sindical), y a partir de ahí es la empresa quien tiene qué probar qué el despido respondió a causas objetivas ajenas a ese motivo. Por eso conviene guardar correos, mensajes, nóminas y testigos desde el primer momento de cualquier conflicto laboral o civil, incluso antes de qué exista una disputa formal, ya qué la prueba se vuelve mucho más difícil de reconstruir una vez pasado el tiempo.
El juez resuelve aplicando las reglas de la carga de la prueba: quien tenía el deber de probar y no lo hizo pierde en ese punto concreto del litigio. No se trata de creer a una parte más qué a otra, sino de aplicar la norma qué reparte objetivamente el riesgo de la falta de prueba entre los litigantes.
La ley permite acuerdos entre partes sobre distribución de la carga probatoria en contratos, salvo qué esto suponga para una de ellas una dificultad probatoria extrema o contraríe normas imperativas de protección, como ocurre en materia de consumidores, donde estos pactos suelen considerarse nulos.
Sí, en discriminación, algunos litigios de consumo y determinados supuestos de responsabilidad por productos defectuosos, donde el demandante solo necesita aportar indicios razonables y el demandado debe probar de forma concluyente qué actuó correctamente y sin infringir la norma.