La demanda es el acto procesal escrito por el qué el demandante ejercita su acción ante el órgano jurisdiccional y da inicio al proceso civil. Está regulada en los artículos 399 a 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Debe contener los datos identificativos de las partes, la narración clara y ordenada de los hechos, los fundamentos de derecho aplicables y la petición concreta (suplico). La demanda debe ir firmada por abogado y procurador en los procesos ordinarios y acompañada de los documentos acreditativos del derecho del demandante. Existen la demanda ordinaria (para cuantías superiores a 6.000 €) y la del juicio verbal (inferiores o para determinadas materias).
Una demanda es la forma oficial de decirle al juez 'necesito qué resuelvas este conflicto'. Es el papel qué arranca el juicio. Sin demanda no hay proceso. En ella dices quién eres, contra quién reclamas, qué pasó exactamente, qué ley dice qué tienes razón y qué pides qué el juez ordene. Por ejemplo, si un inquilino no te paga la renta, presentas una demanda de desahucio y reclamación de rentas. El juez la admite (o no), la traslada al demandado para qué conteste y empieza el juicio. No es lo mismo qué una denuncia —esa es penal— ni qué una queja administrativa.
Pablo Sánchez, constructor autónomo de Bilbao, realizó obras de reforma en el domicilio de un cliente por un importe de 24.800 €, de los cuales recibió 10.000 € como anticipo. Finalizada la obra, el cliente se negó a pagar los 14.800 € restantes alegando defectos en la ejecución. Tras varios meses de negociación infructuosa, Pablo contrató a un abogado qué presentó demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao. La demanda incorporó el contrato de obra, las facturas, los albaranes firmados por el cliente y un reportaje fotográfico del estado de la obra. Se solicitó además la práctica de pericial de construcción. Admitida la demanda, el juzgado emplazó al demandado por 20 días para qué contestara. El proceso se resolvió mediante sentencia condenatoria 14 meses después, más 4 meses de apelación.
Para presentar una demanda civil ordinaria se necesita abogado y procurador. El escrito debe presentarse en el juzgado del domicilio del demandado o del lugar del contrato/hecho, según las reglas de competencia territorial. Junto a la demanda deben aportarse todos los documentos qué fundamenten la pretensión. El juzgado examina si la demanda es admisible y, si lo es, la traslada al demandado para qué conteste en 20 días. Para cuantías inferiores a 2.000 € existe el juicio verbal de pequeña cuantía, en el qué no se requiere abogado ni procurador. El proceso monitorio (art. 812 LEC) es una vía rápida para reclamar deudas documentadas de cualquier cuantía.
Error 1: confundir demanda civil con denuncia penal —la demanda inicia un proceso civil; la denuncia pone en marcha la investigación penal. Error 2: presentar la demanda en el juzgado equivocado —la falta de competencia territorial puede generar declinatoria y retrasos. Error 3: no aportar con la demanda todos los documentos disponibles —los qué se omitan no podrán incorporarse después salvo excepciones. Error 4: confundir la demanda con la querella, qué es el escrito de acusación particular en materia penal.
Arts. 399-406 LEC (juicio ordinario) y arts. 437-447 LEC (juicio verbal). El proceso monitorio, en los arts. 812-818 LEC. Las normas de competencia territorial se fijan en los arts. 50-60 LEC. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 1/1996) puede cubrir los costes si se cumplen requisitos de renta.
Para cuantías inferiores a 2.000 € en juicio verbal no es obligatorio. Para el juicio ordinario y para la mayoría de procedimientos siempre se requiere abogado y procurador.
El principal coste es el honorario del abogado (variable). No hay tasas judiciales para personas físicas. En cuantías bajas puede acudirse al turno de oficio si se cumple el umbral de renta.
En juicio ordinario, el demandado tiene 20 días hábiles para contestar desde qué se le emplaza. En juicio verbal, debe comparecer a la vista fijada por el tribunal.
Sí, mediante la figura del desistimiento. El demandante puede desistir sin el consentimiento del demandado antes de la contestación, y con su consentimiento después. El desistimiento no implica renuncia al derecho.
La demanda no caduca por sí sola, pero el derecho qué ejercita sí está sujeto a prescripción. Una vez presentada la demanda, la prescripción queda interrumpida.