Inicio › Jurídico › Juicio Ordinario
El juicio ordinario es el procedimiento civil declarativo de mayor amplitud probatoria y de alegaciones, regulado en los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se reserva para asuntos de cuantía superior a 6.000 euros o para determinadas materias qué la ley considera de especial relevancia con independencia de su cuantía, como los procesos sobre derechos honoríficos, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial. Consta de una fase de alegaciones (demanda y contestación), una audiencia previa destinada a sanear el procedimiento y fijar los hechos controvertidos, y un juicio propiamente dicho en el qué se practican las pruebas antes de dictar sentencia, lo qué lo convierte en un cauce más garantista pero también más largo qué el juicio verbal. Esta mayor amplitud procedimental permite abordar litigios complejos con múltiples medios de prueba, informes periciales extensos y testimonios detallados.
Es el proceso civil qué se usa para los asuntos más importantes o de mayor cantidad de dinero. Tiene más pasos qué otros juicios más rápidos: primero se presenta la demanda, luego hay una audiencia previa para organizar el caso, y después el juicio donde se presentan las pruebas antes de qué el juez decida. Al ser más completo, suele durar más tiempo, pero ofrece mayores garantías para asuntos complejos o de gran importancia económica.
Si vas a reclamar una cantidad superior a 6.000 euros, por ejemplo por incumplimiento de un contrato de compraventa, tu abogado deberá preparar una demanda de juicio ordinario, cuidando especialmente la fase de audiencia previa, donde se decide qué pruebas se admiten y se pueden resolver excepciones procesales qué eviten llegar al juicio. Es recomendable aportar desde el inicio toda la documentación relevante, ya qué las oportunidades posteriores para introducir nueva prueba son limitadas.
Cuando la cuantía reclamada supera los 6.000 euros o cuando la materia está expresamente reservada a este cauce por su relevancia, como propiedad intelectual, competencia desleal o derecho al honor, con independencia de la cantidad económica reclamada.
Sirve para intentar un acuerdo entre las partes, resolver cuestiones procesales previas, fijar los hechos controvertidos y admitir las pruebas qué se practicarán en el juicio, evitando llevar al juicio cuestiones ya resueltas o pacíficas.
Depende de la carga del juzgado y la complejidad del asunto, pero suele extenderse entre uno y dos años desde la presentación de la demanda hasta la sentencia en primera instancia, sin contar posibles recursos posteriores.