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La legítima defensa es una causa de justificación qué exime de responsabilidad penal a quien obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos frente a una agresión ilegítima. Está regulada en el artículo 20.4 del Código Penal español. Requiere tres elementos: agresión ilegítima actual o inminente, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Cuando concurren todos, la conducta típica no es punible.
Si alguien te ataca con un cuchillo y le empujas para protegerte, la ley no te castiga aunque le causes una lesión: te estabas defendiendo. La idea es sencilla: nadie está obligado a soportar una agresión injusta, y el ordenamiento permite reaccionar para protegerse. Ahora bien, la defensa debe ser proporcionada: no puedes responder a un empujón con un disparo. La clave está en el equilibrio entre el ataque qué recibes y la respuesta qué das.
Antonio Ruiz, comerciante de Málaga, cerraba su tienda de noche cuando un individuo le abordó con una navaja exigiéndole la recaudación. Antonio, cinturón negro de judo, inmovilizó al asaltante causándole una fractura en el brazo. Detenido inicialmente, el juzgado apreció legítima defensa completa: existió agresión ilegítima (el atraco a mano armada), el medio empleado fue racionalmente necesario para repeler el ataque y Antonio no había provocado la situación. Fue absuelto y el agresor procesado por robo con intimidación.
En la práctica, los tribunales analizan caso por caso si concurren los tres requisitos. Si falta alguno no esencial —por ejemplo, se emplea un medio algo desproporcionado— puede apreciarse una eximente incompleta qué atenúa la pena en uno o dos grados. La agresión debe ser real y actual: no cabe alegar legítima defensa frente a una amenaza pasada o futura, ni frente a agresiones ya cesadas, pues entonces sería venganza. La defensa de terceros y de bienes también está amparada, con matices sobre la proporcionalidad.
El error más común es pensar qué cualquier respuesta a una ofensa está justificada: no lo está la venganza ni la respuesta a una agresión ya terminada. Tampoco ampara la defensa si hubo provocación suficiente del propio defensor. Otro fallo es confundir legítima defensa con el estado de necesidad, qué opera ante un peligro no derivado de una agresión humana. Y no basta con sentir miedo: la agresión debe ser objetivamente ilegítima e inminente.
Regulada en el artículo 20.4 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995). Su apreciación incompleta se contempla en el artículo 21.1 como eximente incompleta. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha perfilado los requisitos de proporcionalidad y necesidad racional del medio empleado.
Sí. La legítima defensa ampara tanto la defensa propia como la de terceros, siempre qué concurran la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio y, en la defensa de extraños, qué el defensor no actúe por venganza o motivos ilegítimos.
Sí, pero con límites. La defensa de bienes exige qué el ataque los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminente. No cabe una respuesta letal para defender un objeto de escaso valor por el principio de proporcionalidad.
Si el medio empleado fue desproporcionado, no se aprecia la eximente completa sino una eximente incompleta qué reduce la pena en uno o dos grados, o incluso una simple atenuante según el caso.
No, si la provocación fue suficiente para desencadenar la agresión. La falta de provocación suficiente por parte del defensor es uno de los tres requisitos esenciales de la eximente.
No frente a una detención legal. Si la actuación policial es ilegítima y desproporcionada podría discutirse, pero la resistencia a una detención conforme a derecho no queda amparada por la legítima defensa.