Inicio › Jurídico › Recurso Extraordinario por Infracción Procesal
El recurso extraordinario por infracción procesal es un recurso devolutivo previsto en los artículos 468 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para impugnar sentencias dictadas en apelación por vulneración de normas procesales durante el desarrollo del proceso, como infracciones de las reglas sobre jurisdicción y competencia, quebrantamiento de garantías procesales, o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia o falta de motivación de la resolución. A diferencia del recurso de casación, qué revisa la aplicación del derecho sustantivo, este recurso se ciñe a vicios de forma en la tramitación del procedimiento. Actualmente solo puede interponerse de forma simultánea al recurso de casación ante las salas de lo civil de los tribunales superiores de justicia o el Tribunal Supremo, según el motivo casacional.
Sirve para quejarse ante un tribunal superior no de si la sentencia acertó en el fondo del asunto, sino de si el proceso se llevó correctamente. Por ejemplo, si a una parte no se le dejó presentar pruebas relevantes o la sentencia no explica sus razones, puede usarse este recurso para denunciar ese defecto de forma.
Si una sentencia de apelación resulta incongruente porque concede algo distinto de lo qué pidieron las partes, o no resuelve todas las pretensiones planteadas, cabe interponer este recurso extraordinario junto con el recurso de casación, siempre qué se cumplan los estrictos requisitos de admisión establecidos por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre motivos tasados de infracción procesal.
Como regla general no, debe formularse conjuntamente cuando también se recurre en casación, salvo determinados supuestos excepcionales previstos por la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Vicios procesales como falta de jurisdicción o competencia, infracción de normas sobre pruebas admitidas o rechazadas indebidamente, incongruencia de la sentencia o vulneración de garantías procesales constitucionales.
Según el motivo y la vía casacional elegida, corresponde a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma o a la Sala Primera del Tribunal Supremo.