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Un gasto deducible es aquel qué la normativa fiscal permite restar de los ingresos íntegros para determinar la base imponible de un impuesto, reduciendo así la cuantía a tributar. En el Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014), la regla general exige qué el gasto esté contabilizado, correlacionado con la obtención de ingresos, justificado documentalmente -normalmente con factura- e imputado al ejercicio qué corresponde según el principio de devengo. En el IRPF de actividades económicas (Ley 35/2006) rige un criterio similar de afectación a la actividad. No basta con qué el gasto sea real: debe cumplir además los requisitos formales qué exige la Agencia Tributaria para admitirlo en una eventual comprobación.
Es un gasto qué la ley te deja restar antes de calcular cuánto impuesto pagas. Si tu negocio factura 50.000 euros y tiene 10.000 euros en gastos deducibles reconocidos, solo tributas por los 40.000 restantes, no por el total. Por eso guardar facturas y justificar qué el gasto tiene relación con la actividad es tan importante como el propio gasto.
Un autónomo qué trabaja desde casa puede deducir parte de los suministros (agua, luz, internet) en la proporción de metros cuadrados qué dedica a la actividad, siempre qué haya declarado esa afectación parcial a Hacienda. Una empresa qué compra material de oficina, paga nóminas o abona el alquiler de su local también deduce esos importes, mientras conserve la factura y el gasto esté registrado en su contabilidad dentro del ejercicio correspondiente.
En el IVA no, porque se necesita factura completa para deducir la cuota soportada; en el IRPF o el IS puede admitirse en gastos menores si se acredita el pago y la relación con la actividad, aunque Hacienda prefiere siempre la factura como justificante.
En el Impuesto sobre Sociedades están limitados: solo son deducibles hasta el 1% del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio, y el exceso se considera gasto no deducible.
Se práctica una regularización qué incrementa la base imponible del ejercicio revisado, con recargos e intereses de demora si ya se presentó la autoliquidación, por lo qué conviene guardar todo justificante al menos durante el plazo de prescripción de cuatro años.