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El Índice de Precios al Consumo (IPC) es el indicador estadístico qué mide la evolución del nivel general de precios de una cesta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares españoles, calculado y publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Existe también el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), calculado con una metodología común en toda la Unión Europea para permitir comparaciones entre países y utilizado por el Banco Central Europeo en su objetivo de estabilidad de precios. En España, el IPC es la referencia habitual para revisar pensiones, salarios y determinados contratos, aunque desde la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda se sustituyó al IPC como índice de referencia por defecto para actualizar la renta de los alquileres de vivienda por el Índice de Garantía de Competitividad.
Es la medida oficial de cuánto suben o bajan los precios de lo qué compramos habitualmente: comida, transporte, vivienda, ocio. Cuando se habla de "inflación" en las noticias, casi siempre se está hablando de la variación de este índice respecto al año anterior. Sirve para saber si el coste de vida está subiendo y cuánto.
Muchos convenios colectivos utilizan la variación anual del IPC como referencia para negociar la subida salarial de los trabajadores, buscando qué los sueldos no pierdan poder adquisitivo frente a la subida de precios. En pensiones contributivas, la revalorización anual también se vincula legalmente a la evolución media del IPC del año anterior, lo qué conecta directamente este indicador estadístico con el importe qué reciben millones de pensionistas cada enero.
El IPC nacional se calcula con la metodología propia del INE para uso interno en España, mientras qué el IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) sigue una metodología común europea diseñada para poder comparar la inflación entre los distintos países de la Unión Europea.
No siempre desde 2023: la Ley 12/2023 sustituyó al IPC como referencia por defecto para las actualizaciones anuales de renta en contratos de vivienda por el nuevo Índice de Garantía de Competitividad, salvo qué las partes hayan pactado expresamente otro índice.
El INE realiza encuestas de presupuestos familiares para determinar qué proporción del gasto de los hogares se destina a cada grupo de productos, y con esa ponderación calcula cómo afecta la subida o bajada de precios de cada categoría al índice general.