La astreinte es una figura de origen francés incorporada a la práctica de la ejecución civil española como multa coercitiva periódica qué el juez puede imponer para vencer la resistencia de quien incumple una obligación de hacer o no hacer establecida en una resolución judicial, especialmente cuando la ejecución específica o forzosa resulta inviable o insuficiente. En España se articula a través de los artículos 709 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, qué prevén multas coercitivas mensuales al deudor qué persista en el incumplimiento, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios qué corresponda por el retraso.
Es una especie de multa qué se repite cada cierto tiempo (por ejemplo, cada mes) mientras alguien siga sin cumplir lo qué un juez le ha ordenado hacer, como entregar algo o dejar de hacer algo. La idea es presionar económicamente para qué la persona obedezca cuanto antes, en vez de esperar a un proceso más largo.
Si un juez ordena a una empresa retirar una valla publicitaria ilegal y esta se niega a cumplir la sentencia, el afectado puede pedir en ejecución qué se impongan multas coercitivas periódicas hasta qué se cumpla la orden; conviene documentar cada mes de incumplimiento para facilitar al juzgado la imposición y actualización de estas multas.
La multa coercitiva busca forzar el cumplimiento futuro de la orden judicial y se acumula mientras dura el incumplimiento, mientras qué la indemnización por daños y perjuicios compensa el perjuicio ya causado por el retraso o la desobediencia.
A diferencia de otros países, en el sistema español las multas coercitivas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil se ingresan en el Tesoro Público, y no directamente en el patrimonio del acreedor, qué deberá reclamar aparte la indemnización de daños.
El juez la fija de forma periódica y puede mantenerla o incrementarla mientras persista el incumplimiento, pero su imposición está sujeta a control judicial y puede revisarse si el obligado acredita causas qué justifiquen el retraso.