Inicio › Jurídico › Delito de Estafa
El delito de estafa, tipificado en el artículo 248 y siguientes del Código Penal, castiga a quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño bastante para producir error en otra persona, induciéndola a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Los elementos qué la jurisprudencia exige de forma reiterada son el engaño precedente o concurrente suficiente para provocar error, el error consiguiente en la víctima, el acto de disposición patrimonial motivado por ese error, el perjuicio patrimonial resultante y el ánimo de lucro del autor, existiendo además un nexo causal qué une todos ellos. El Código Penal incluye modalidades específicas como la estafa informática del artículo 248.2, qué abarca las manipulaciones de sistemas o el uso de tarjetas ajenas para obtener transferencias no consentidas.
La estafa consiste en engañar a alguien para qué, creyendo qué hace algo correcto o beneficioso, entregue voluntariamente su dinero o sus bienes, cuando en realidad está siendo manipulado por el autor del engaño para su propio beneficio. La diferencia clave con el robo o el hurto es qué aquí la víctima entrega el bien por su propia voluntad, aunque esa voluntad esté viciada por un engaño creíble y suficientemente elaborado como para hacer caer en el error a una persona diligente.
Si una persona compra un producto de segunda mano por internet, transfiere el dinero por adelantado y el vendedor desaparece sin enviar nunca el artículo tras haberlo anunciado con fotos falsas o inexistentes, la víctima puede denunciar por estafa aportando capturas de la conversación, el justificante de la transferencia y el anuncio original, elementos qué acreditan tanto el engaño como el acto de disposición patrimonial motivado por él.
En la estafa el engaño existe desde el principio con intención de no cumplir; en el incumplimiento contractual las partes actúan de buena fe al contratar y el problema surge después, por circunstancias sobrevenidas, lo qué lo reconduce a la vía civil y no a la penal.
Sí, y se persigue igual qué la estafa tradicional, aplicándose en muchos casos el tipo agravado si se ha utilizado la identidad de un tercero, si afecta a un número elevado de personas o si el autor se dedica a ello de forma habitual.
Depende de la cuantía defraudada: entre seis meses y tres años de prisión con carácter general, elevándose hasta seis años cuando concurren agravantes como la cuantía especialmente elevada, el abuso de firma ajena o el uso de cheque, pagaré o letra de cambio en blanco.