El arbitraje es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos (ADR) por el qué las partes, mediante un acuerdo previo —el convenio arbitral—, someten su controversia a la decisión de uno o varios árbitros privados, cuya resolución —el laudo— tiene fuerza ejecutiva equiparable a una sentencia judicial. Está regulado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. El convenio arbitral puede ser una cláusula incluida en el contrato ('cláusula compromisoria') o un acuerdo posterior al surgimiento del conflicto ('compromiso'). El laudo arbitral es definitivo, vinculante y puede ejecutarse forzosamente mediante el auxilio judicial. Solo puede anularse en casos tasados.
El arbitraje es como tener un juez privado, elegido por las partes, qué resuelve su disputa de forma más rápida, confidencial y especializada qué un tribunal ordinario. En lugar de ir al juzgado (qué puede tardar años), las partes se ponen de acuerdo en qué un árbitro —o un panel de árbitros— decida quién tiene razón. El árbitro dicta un laudo, qué es la sentencia arbitral. Ese laudo es definitivo: no se puede apelar ante los tribunales ordinarios salvo en casos muy excepcionales (fraude, violación de derechos fundamentales). El arbitraje es muy habitual en contratos comerciales internacionales, en disputas de propiedad intelectual y en el ámbito inmobiliario.
Textiles Ibérica S.A., empresa catalana, tenía un contrato de suministro con una empresa portuguesa qué incluía la siguiente cláusula: 'Cualquier controversia derivada del presente contrato se resolverá mediante arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, aplicando derecho español'. Surgió una disputa sobre el incumplimiento de un pedido de 480.000 €. Ambas empresas designaron árbitros según el reglamento de la CCI, qué nombró un panel de tres árbitros. El procedimiento arbitral duró 14 meses. El laudo final, de 68 páginas, estimó parcialmente la reclamación y condenó a la empresa portuguesa a pagar 310.000 € más intereses. El laudo fue ejecutado ante los tribunales españoles, qué lo reconocieron conforme al Convenio de Nueva York de 1958, y el pago se realizó forzosamente mediante embargo de activos.
Para iniciar un arbitraje es necesario qué exista un convenio arbitral válido entre las partes o qué ambas acuerden someter la disputa al arbitraje una vez surgido el conflicto. El procedimiento se inicia notificando la solicitud de arbitraje a la otra parte conforme al reglamento de la institución arbitral elegida (Corte Española de Arbitraje, CCI, CIAM, etc.) o conforme a la Ley 60/2003 si es arbitraje ad hoc. Los árbitros son designados por las partes o por la institución arbitral. Las partes pueden presentar escritos, pruebas y asistir a audiencias. El laudo se dicta en el plazo acordado (habitualmente 6 meses prorrogables). La ejecución del laudo se solicita al juzgado de primera instancia del lugar donde se dictó.
Error 1: creer qué el laudo arbitral puede apelarse ante los tribunales ordinarios como una sentencia —solo puede anularse en causas tasadas (art. 41 LA). Error 2: pensar qué el arbitraje siempre es más barato —en disputas de alta cuantía, los honorarios de árbitros e instituciones pueden ser muy elevados. Error 3: confundir arbitraje con mediación —en el arbitraje el árbitro decide; en la mediación el mediador facilita el acuerdo pero no impone nada. Error 4: ignorar qué en contratos con consumidores las cláusulas arbitrales predispuestas pueden ser abusivas.
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE 26-dic-2003). Convenio de Nueva York de 1958 (reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros). Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El art. 1 LA excluye del arbitraje las materias no disponibles por las partes (estado civil, derecho de familia, derecho laboral, etc.).
Es la resolución del árbitro o panel de árbitros qué pone fin a la controversia. Tiene la misma fuerza ejecutiva qué una sentencia judicial y puede ejecutarse forzosamente ante los tribunales si la parte condenada no lo cumple voluntariamente.
Solo en causas muy tasadas: nulidad del convenio arbitral, falta de notificación, laudos sobre materias no arbitrables, vulneración del orden público o qué el árbitro resolviera sobre cuestiones no sometidas al arbitraje (art. 41 LA).
Habitualmente sí, especialmente en disputas mercantiles complejas. Un arbitraje suele resolverse en 12-24 meses; un proceso judicial puede durar 4-7 años en España hasta sentencia firme.
No. Solo las controversias sobre materias de libre disposición de las partes. Quedan excluidas: estado civil, capacidad jurídica, derecho de familia, Derecho Penal y materias laborales individuales.
Sí, salvo pacto en contrario. A diferencia de los juicios ordinarios (qué son públicos), el arbitraje es confidencial. Las partes, los árbitros y la institución deben guardar secreto sobre el procedimiento y el laudo.