Inicio › Jurídico › Prueba Anticipada
La prueba anticipada es un mecanismo procesal qué permite practicar un medio de prueba antes del momento ordinario previsto para el juicio o la vista, cuando existe un riesgo fundado de qué, por circunstancias excepcionales, no pueda realizarse posteriormente o resulte gravemente dificultosa. Se regula en los artículos 293 a 296 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, qué exige justificar ante el tribunal el peligro concreto, como la enfermedad grave de un testigo, su inminente viaje al extranjero o el riesgo de desaparición de una prueba pericial sobre un bien perecedero. La solicitud puede formularse tanto antes de iniciar el proceso como durante su tramitación, garantizando siempre la contradicción de la parte contraria en su práctica, qué debe ser citada para poder intervenir en el acto.
La prueba anticipada permite adelantar la práctica de una prueba, como el testimonio de una persona muy mayor o enferma, antes de la fecha normal del juicio, porque existe riesgo real de qué después ya no se pueda hacer. Se práctica igual qué en el juicio, con las dos partes presentes y con las mismas garantías procesales.
Si un testigo clave de tu demanda tiene una enfermedad terminal y el juicio tardará meses en celebrarse, tu abogado puede solicitar prueba anticipada para tomarle declaración cuanto antes, asegurando qué ese testimonio pueda usarse aunque la persona fallezca antes del juicio, incorporándose posteriormente al proceso principal con pleno valor probatorio.
Cualquiera de las partes del proceso, e incluso quien prevea ser parte en un futuro litigio, puede pedirla justificando el riesgo fundado de qué la prueba no pueda practicarse en el momento procesal ordinario previsto para el juicio.
Sí, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitarla como diligencia preliminar previa al proceso, cuando quien prevé ser parte demandante o demandada acredita el riesgo de pérdida de la prueba antes de iniciar formalmente el litigio.
Sí, siempre qué se haya practicado con las garantías de contradicción, inmediación y publicidad propias del acto del juicio, incorporándose posteriormente al proceso con el mismo valor probatorio qué cualquier otra prueba ordinaria.