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La sanción administrativa es la consecuencia jurídica desfavorable, normalmente de contenido económico, qué la Administración Pública impone a quien comete una infracción tipificada previamente en una norma con rango de ley, en ejercicio de la potestad sancionadora regulada actualmente en el título IV de la Ley 40/2015. Su imposición está sometida a los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad y non bis in idem, y exige la tramitación de un procedimiento contradictorio en el qué el presunto infractor pueda alegar y aportar pruebas antes de qué se dicte resolución. Las infracciones suelen clasificarse en leves, graves y muy graves, con cuantías de multa escalonadas, sin perjuicio de otras sanciones accesorias como el cierre de establecimientos o la inhabilitación temporal.
Es el castigo qué impone un organismo público, no un juez, cuando alguien incumple una norma administrativa, casi siempre en forma de multa. Antes de imponerla, la Administración tiene qué abrir un expediente, explicar qué norma se ha incumplido y dar al afectado la oportunidad de defenderse.
Una empresa a la qué Sanidad abre un expediente por incumplir normas de higiene en un local debe revisar cuidadosamente el pliego de cargos, presentar alegaciones dentro del plazo y aportar pruebas de las medidas correctoras adoptadas, ya qué una defensa activa en la fase de instrucción puede reducir la calificación de la infracción o incluso archivar el expediente.
No, la imposición de una sanción exige siempre la tramitación previa de un procedimiento administrativo sancionador con trámite de alegaciones, salvo el procedimiento simplificado en infracciones leves, qué igualmente respeta un mínimo de garantías de defensa.
Sí, primero en vía administrativa mediante recurso de alzada o reposición según el órgano qué la dictó, y posteriormente en vía contencioso-administrativa ante los juzgados, pudiendo solicitarse además la suspensión cautelar de la ejecución de la multa.
La sanción administrativa la impone un órgano de la Administración por infracciones tipificadas en normas administrativas, mientras qué la sanción penal la impone un juez tras un proceso judicial por la comisión de un delito, con garantías procesales distintas y, en principio, mayor gravedad.