La tutela es una institución de guarda y protección de las personas menores de edad no sujetas a patria potestad o de las personas con discapacidad que, por sentencia judicial, necesiten este complemento de su capacidad. Está regulada en los artículos 215 y siguientes del Código Civil, modificados sustancialmente por la Ley 8/2021 de reforma de la discapacidad, que eliminó la incapacitación judicial y la sustituyó por medidas de apoyo a la capacidad jurídica. El tutor actúa como representante legal del tutelado, gestionando su patrimonio y velando por su bienestar personal, siempre bajo supervisión judicial y con rendición de cuentas periódica.
Cuando un menor se queda sin padres o sin nadie que ejerza la patria potestad, alguien tiene que cuidarle y representarle legalmente: ese es el tutor. El juez nombra tutor —generalmente un familiar— que actúa como si fuera el padre o la madre: toma decisiones sobre educación, salud, administra el dinero del menor y firma documentos en su nombre. El tutor no es el propietario de los bienes del tutelado; solo los administra y tiene que rendir cuentas al juez periódicamente. Si el tutor gestiona mal el patrimonio o descuida al tutelado, el juez puede removarle. Con la reforma de 2021, para personas adultas con discapacidad se prefieren medidas de apoyo menos restrictivas que la tutela clásica.
Los padres de Diego, de 9 años, fallecieron en un accidente de tráfico en Murcia en agosto de 2023. El niño no tenía abuelos vivos. Su tía materna, Cristina López, solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia ser nombrada tutora. El juez, previo informe del Ministerio Fiscal y de los Servicios Sociales, que confirmaron la idoneidad de Cristina —funcionaria de 38 años, sin antecedentes penales y con vivienda estable— dictó auto nombrándola tutora de Diego en diciembre de 2023. Cristina debía inventariar los bienes del menor (una cuenta bancaria con 12.400 €, heredada de sus padres) en 60 días, presentar informe anual al juzgado sobre la situación personal y patrimonial del niño, y solicitar autorización judicial para actos de especial relevancia como la venta de bienes o el internamiento en centros.
El nombramiento de tutor se realiza mediante auto judicial, a instancia de quien quiera asumir la tutela, del Ministerio Fiscal o de oficio. El juez evalúa la idoneidad del candidato, oye al menor si tiene suficiente madurez y al Ministerio Fiscal. El tutor debe hacer inventario de bienes, presentar informes periódicos y solicitar autorización judicial para actos dispositivos sobre el patrimonio del tutelado. Los gastos de la tutela corren con cargo al patrimonio del tutelado. El tutor puede ser removido si incumple sus obligaciones. La tutela se extingue cuando el tutelado cumple 18 años (adquiere mayoría de edad), por adopción o por resolución judicial.
Error 1: confundir tutela con guarda y custodia —la guarda y custodia afecta a menores cuyos padres siguen vivos pero separados; la tutela se da cuando no hay representante legal. Error 2: creer que el tutor puede disponer libremente del patrimonio del tutelado —necesita autorización judicial para actos relevantes. Error 3: confundir tutela con curatela —desde la Ley 8/2021, la curatela es la medida de apoyo para adultos con discapacidad; la tutela queda principalmente para menores.
Artículos 215-302 del Código Civil, sustancialmente modificados por la Ley 8/2021 de 2 de junio (BOE 3-jun-2021). La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor establece derechos y garantías. El art. 216 CC establece el carácter de función obligatoria de la tutela salvo causa justificada de excusa.
Cualquier persona física mayor de edad con plena capacidad y sin antecedentes de delitos contra menores o el patrimonio. También pueden serlo personas jurídicas sin ánimo de lucro. El juez valora la idoneidad y preferencia del tutelado.
El tutor tiene derecho a una retribución con cargo al patrimonio del tutelado si este tiene medios suficientes. El juez fija el importe (habitualmente entre el 4% y el 20% de las rentas netas del patrimonio tutelado).
No sin autorización judicial. Para actos de disposición de bienes inmuebles, valores u objetos preciosos del tutelado, el tutor necesita siempre la previa autorización del juez.
Tras la Ley 8/2021, la tutela es para menores sin patria potestad; la curatela es la medida de apoyo para adultos con discapacidad. La curatela respeta la autonomía del beneficiario y solo actúa en los actos que él no puede realizar solo.
Por alcanzar la mayoría de edad (18 años), por adopción del tutelado, por recuperación de la patria potestad de los progenitores, por fallecimiento del tutelado o por resolución judicial que declare innecesaria la medida.