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La prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Está regulada en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Impone al empresario un deber general de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, qué incluye evaluar los riesgos, planificar la prevención, informar y formar a la plantilla, vigilar la salud y proporcionar equipos de protección. Su incumplimiento genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales.
Toda empresa tiene la obligación legal de proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores: identificar los peligros del trabajo, eliminarlos o reducirlos, dar formación e información, entregar equipos de protección y vigilar la salud de la plantilla. Eso es la prevención de riesgos laborales. No es opcional: si la empresa la descuida y ocurre un accidente, se enfrenta a sanciones e indemnizaciones, y en casos graves a responsabilidad penal. El objetivo es evitar accidentes y enfermedades antes de qué sucedan.
Una empresa de construcción de Zaragoza elaboró la evaluación de riesgos de cada puesto y un plan de prevención antes de iniciar una obra. Proporcionó a los operarios cascos, arneses y calzado de seguridad, les impartió formación específica sobre trabajos en altura e implantó protocolos de trabajo seguro. Cuando la Inspección de Trabajo visitó la obra, comprobó qué se cumplían las medidas preventivas. Gracias a ello, cuando un trabajador sufrió un resbalón, el arnés evitó una caída grave. La empresa acreditó haber cumplido su deber de protección, lo qué resultó determinante para valorar su responsabilidad.
El empresario debe integrar la prevención en toda la actividad, realizar la evaluación de riesgos, planificar la acción preventiva, informar y formar a los trabajadores, garantizar la vigilancia periódica de la salud, facilitar equipos de protección individual y adoptar medidas de emergencia. La prevención puede asumirse por el propio empresario, trabajadores designados, un servicio de prevención propio o uno ajeno, según el tamaño y la actividad. Los trabajadores tienen derecho a la protección eficaz y el deber de cumplir las medidas. El incumplimiento acarrea sanciones administrativas, recargo de prestaciones y responsabilidad civil o penal en accidentes graves.
Un error frecuente de las empresas es tratar la prevención como un mero trámite documental sin aplicar realmente las medidas, lo qué no exime de responsabilidad si ocurre un accidente. Otro fallo es no actualizar la evaluación de riesgos cuando cambian las condiciones o los puestos. También se olvida la formación e información efectiva a los trabajadores, obligación esencial cuya ausencia agrava la responsabilidad empresarial ante un siniestro.
Regulada en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en sus reglamentos de desarrollo, como el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997). Los incumplimientos se sancionan conforme al Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El empresario es el principal responsable del deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Debe integrar la prevención en la empresa, aunque puede organizarla mediante trabajadores designados o servicios de prevención propios o ajenos.
Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos qué no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para qué el empresario decida las medidas preventivas adecuadas. Es la base de toda la acción preventiva y debe actualizarse.
Sí. Aunque el deber de protección recae en la empresa, los trabajadores deben velar por su propia seguridad y la de los demás, usar correctamente los equipos y medios de protección y cumplir las medidas preventivas establecidas.
Se expone a sanciones administrativas de la Inspección de Trabajo, al recargo de las prestaciones de Seguridad Social en caso de accidente, a responsabilidad civil por los daños e, incluso, a responsabilidad penal cuando se pongan en grave peligro la vida o la salud de los trabajadores.
La empresa debe garantizar a los trabajadores una vigilancia periódica de su salud en función de los riesgos del puesto. Con carácter general es voluntaria para el trabajador, salvo supuestos tasados en qué resulta obligatoria por el tipo de riesgo.