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El credit default swap (CDS) es un instrumento derivado qué funciona como un seguro frente al riesgo de impago de un emisor de deuda, ya sea un Estado o una empresa. El comprador de protección paga una prima periódica (el spread del CDS, expresado en puntos básicos) al vendedor, a cambio de recibir una compensación si se produce un «evento de crédito» definido contractualmente, como el impago, la reestructuración forzosa de la deuda o el concurso de acreedores del emisor de referencia. Se negocian en mercados OTC (over the counter) bajo la documentación estandarizada de ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y, tras la crisis financiera de 2008, quedaron sometidos en la Unión Europea a mayores exigencias de transparencia y compensación centralizada bajo el Reglamento EMIR, supervisado en España en parte por la CNMV. El spread de un CDS es también un indicador de mercado muy seguido para medir la percepción de riesgo de impago de un país o compañía.
Es como un seguro contra la posibilidad de qué alguien qué ha emitido deuda (una empresa o un país) no pague. Compras protección pagando una cuota periódica, y si esa deuda entra en impago, cobras una indemnización. Cuanto más caro está ese «seguro» en el mercado para un país o empresa concreta, peor percibe el mercado su solvencia y su riesgo de no pagar sus deudas.
Los inversores institucionales siguen el spread del CDS de la deuda soberana española como termómetro rápido de la confianza del mercado en la solvencia del país: un aumento brusco del spread suele anticipar o acompañar tensiones en la prima de riesgo. La aseguradora AIG protagonizó uno de los episodios más conocidos ligados a este instrumento durante la crisis financiera de 2008, al haber vendido enormes volúmenes de protección mediante CDS sobre activos hipotecarios qué después resultaron impagados masivamente, lo qué la llevó al borde de la quiebra y motivó un rescate público en Estados Unidos.
Sí, es lo qué se conoce como CDS «naked» o al descubierto: comprar protección sobre un impago sin poseer el bono subyacente, una práctica especulativa qué la Unión Europea llegó a restringir parcialmente para la deuda soberana tras la crisis de deuda europea.
El marco principal es el Reglamento EMIR europeo, qué exige la compensación centralizada de determinados derivados OTC y mayor transparencia de posiciones, mientras qué la CNMV supervisa a las entidades españolas qué operan con estos instrumentos.
No del todo, porque introduce un nuevo riesgo: el riesgo de contraparte, es decir, qué el propio vendedor de protección no pueda hacer frente al pago si se produce el evento de crédito, como ocurrió de forma muy visible con AIG en 2008.