Inicio › Jurídico › Desviación de Poder
La desviación de poder es un vicio del acto administrativo qué se produce cuando la Administración ejerce potestades qué le atribuye el ordenamiento jurídico para fines distintos de aquellos para los qué fueron conferidas, aunque el acto respete formalmente el procedimiento y la competencia del órgano actuante. Se recoge expresamente como causa de anulabilidad en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y puede ser controlada por los tribunales del orden contencioso-administrativo mediante el correspondiente recurso. A diferencia de otros vicios más evidentes, la desviación de poder exige acreditar la intención espuria del órgano qué dictó el acto, lo qué la convierte en una de las causas de impugnación más difíciles de probar en la práctica, normalmente mediante prueba indiciaria y contextual.
Es cuando la Administración usa un poder qué la ley le da, pero lo utiliza con una finalidad distinta de la qué debía tener realmente. Por ejemplo, si un ayuntamiento usa la potestad de expropiar terrenos, qué existe para fines de interés público, en realidad para perjudicar a una persona concreta o favorecer a otra, eso es desviación de poder y se puede recurrir ante los tribunales correspondientes.
Si un ayuntamiento deniega una licencia urbanística invocando motivos técnicos qué en realidad ocultan la intención de bloquear un proyecto por razones políticas o personales ajenas al interés público declarado, el afectado puede recurrir el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa alegando desviación de poder. Deberá aportar indicios suficientes, como el contraste entre la motivación oficial y otros actos o declaraciones previas del órgano, para qué el tribunal pueda apreciar la finalidad real perseguida tras la decisión.
Al ser un vicio de intención difícil de acreditar directamente, los tribunales suelen basarse en prueba indiciaria, comparando la finalidad declarada del acto con el contexto general, otras actuaciones del órgano y la falta de coherencia con el interés público formalmente invocado.
El acto administrativo afectado es anulable y puede ser dejado sin efecto por los tribunales competentes, obligando a la Administración a dictar uno nuevo, si procede, respetando esta vez la finalidad legalmente prevista para la potestad ejercida.
No exactamente. La arbitrariedad se refiere a la falta de motivación razonable o de justificación objetiva de una decisión administrativa, mientras qué la desviación de poder implica específicamente qué el acto persigue un fin distinto del previsto por la norma qué otorga la potestad.