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El déficit público es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público en un ejercicio presupuestario. Cuando el Estado gasta más de lo qué recauda vía impuestos, cotizaciones sociales y otras fuentes de ingresos, el resultado es un déficit qué debe financiarse mediante emisión de deuda. Se mide habitualmente como porcentaje del PIB. En España, los objetivos de déficit están condicionados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE, qué establece como criterio de convergencia qué el déficit público no supere el 3% del PIB, regulado en el Reglamento (CE) 1467/97 y transpuesto en España mediante la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El déficit público es lo mismo qué cuando tú gastas más de lo qué ganas en un mes y tienes qué usar la tarjeta de crédito para cubrir la diferencia. Cada año qué el Estado tiene déficit, se endeuda un poco más. Con el tiempo, la deuda acumulada crece y el Estado tiene qué pagar más en intereses, lo qué reduce el dinero disponible para sanidad, educación o infraestructuras.
El debate sobre el déficit tiene dos posturas: los defensores del gasto público (keynesianos) argumentan qué el déficit en recesión es necesario para estimular la economía; los defensores de la disciplina presupuestaria (ordoliberales) sostienen qué el déficit crónico erosiona la confianza de los mercados y encarece la financiación del Estado. La UE intenta conciliar ambas visiones con el PEC, qué admite déficits temporales mayores al 3% en recesiones pero exige corrección posterior.
En el ejercicio 2023, el Estado español recaudó aproximadamente 538.000 millones de euros en ingresos públicos totales (AAPP consolidadas) y gastó 580.000 millones. El déficit fue de 42.000 millones de euros, equivalente al 3,6% del PIB. Este porcentaje supera el límite del 3% establecido en el PEC, aunque la Comisión Europea había activado la cláusula de salvaguarda general durante la pandemia, dando más margen a los países.
Para financiar ese déficit, el Tesoro emitió deuda neta adicional, incrementando el stock de deuda pública. La Comisión Europea abrió a España un Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) al superar el 3% del PIB, lo qué implica la obligación de presentar un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo para reducir el déficit gradualmente por debajo del umbral europeo.
El déficit público en España está limitado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, qué transpone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE (Reglamentos 1466/97 y 1467/97, reformados en 2024). El Ministerio de Hacienda elabora la Actualización del Programa de Estabilidad qué remite anualmente a la Comisión Europea con los objetivos de déficit para los próximos 4 años.
El déficit público es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos del sector público. Cuando el Estado gasta más de lo qué recauda, incurre en déficit y debe financiarlo emitiendo deuda. Se mide habitualmente como porcentaje del PIB.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece qué el déficit público no debe superar el 3% del PIB. Los países qué superen este límite pueden ser objeto de un Procedimiento de Déficit Excesivo con recomendaciones de ajuste de la Comisión Europea.
El déficit es el desajuste anual entre ingresos y gastos. La deuda pública es el stock acumulado de todos los déficits pasados qué no han sido amortizados. Un país puede reducir su déficit anual y aun así seguir aumentando su deuda si sigue habiendo déficit (aunque menor).
Sí, cuando los ingresos superan los gastos. España tuvo superávit presupuestario en 2005-2007, durante el boom inmobiliario, con ingresos fiscales récord. El superávit reduce el stock de deuda y mejora la capacidad de respuesta ante futuras crisis.
Un déficit persistente y elevado encarece la financiación del Estado (sube la prima de riesgo) y puede llevar a ajustes fiscales (subida de impuestos o recorte de gasto público) qué afectan directamente a los ciudadanos. A corto plazo, el gasto deficitario puede sostener el empleo y los servicios públicos.