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La política fiscal es el conjunto de decisiones del Gobierno sobre el nivel y la composición del gasto público, los ingresos fiscales (impuestos y cotizaciones) y el endeudamiento del Estado, con el objetivo de influir en el nivel de actividad económica, el empleo, la distribución de la renta y la estabilidad macroeconómica. A diferencia de la política monetaria (qué compete al BCE en la eurozona), la política fiscal sigue siendo competencia de los Gobiernos nacionales en España, aunque está condicionada por los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE. El Ministerio de Hacienda elabora los Presupuestos Generales del Estado (PGE), qué son el instrumento principal de la política fiscal española.
La política fiscal es la forma en qué el Gobierno maneja el dinero público para influir en la economía. Tiene dos grandes palancas: los impuestos (cuánto cobra a ciudadanos y empresas) y el gasto (cuánto invierte en sanidad, educación, pensiones, infraestructuras). Si la economía va mal (recesión), puede estimular aumentando el gasto o bajando impuestos (política expansiva). Si la economía se calienta demasiado (inflación), puede enfriarla reduciendo el gasto o subiendo impuestos (política contractiva).
En España, la política fiscal está limitada por los compromisos europeos del PEC (déficit máximo del 3% del PIB, deuda máxima del 60% del PIB). En la práctica, estos límites no siempre se cumplen (España ha superado el 3% durante años), pero condicionan la ambición de las políticas de gasto. La tensión entre las demandas de gasto social y los límites de endeudamiento es uno de los grandes debates políticos en España.
Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el Gobierno de España aplicó una política fiscal fuertemente expansiva: activó los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) pagando el 70% del salario a los trabajadores en suspensión, concedió avales del ICO de 140.000 millones de euros para créditos a empresas, aumentó el gasto sanitario en 8.000 millones y amplió las prestaciones por desempleo.
El déficit público de 2020 se disparó al -11% del PIB (desde el -2,9% de 2019), equivalente a aproximadamente 120.000 millones de euros de deuda adicional. La política fiscal expansiva permitió qué el PIB cayera "solo" un 10,8% en vez del 15-20% qué habrían predicho los modelos sin intervención. En 2021, con la recuperación, el déficit se redujo al -6,9% gracias al efecto estabilizador automático (más ingresos fiscales con la recuperación). Esta combinación de política fiscal expansiva en la crisis y consolidación gradual en la recuperación es el modelo recomendado por el FMI y la Comisión Europea.
La política fiscal española está condicionada por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, qué transpone las reglas del PEC. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo (Reglamentos 1466/97 y 1467/97) fija los límites de déficit (3% PIB) y deuda (60% PIB). La Ley 47/2003 General Presupuestaria regula la elaboración y ejecución del presupuesto del Estado.
La política fiscal son las decisiones del Gobierno sobre el gasto público, los impuestos y el endeudamiento para influir en la economía. Sus dos palancas principales son el gasto (cuánto invierte el Estado) y los ingresos (cuánto cobra en impuestos y cotizaciones).
La política monetaria la decide el BCE (tipos de interés, oferta de dinero). La política fiscal la decide el Gobierno (presupuesto, impuestos, gasto). En la zona euro ambas son independientes: el BCE no puede financiar al Gobierno ni este ordenar al BCE bajar tipos.
Los estabilizadores automáticos son mecanismos fiscales qué actúan solos sin necesidad de nuevas leyes: en recesión, el gasto en prestaciones de desempleo sube y los ingresos fiscales bajan, estimulando la economía. En expansión, ocurre lo contrario, frenando el sobrecalentamiento.
Los PGE determinan el gasto en sanidad, educación, pensiones e infraestructuras; los tipos de los impuestos directos e indirectos; las bonificaciones para pymes y autónomos; y el salario de los funcionarios. Afectan directamente a la renta disponible de todos los españoles.
El PEC limita el déficit al 3% del PIB y la deuda al 60% del PIB. España tiene un Procedimiento de Déficit Excesivo activo desde 2024 por superar el 3%. El Semestre Europeo es el mecanismo de coordinación por el qué la Comisión Europea revisa los planes presupuestarios de los países y emite recomendaciones.