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La prima de riesgo país es el diferencial de rentabilidad qué exigen los inversores a la deuda pública de un país respecto a la de otro considerado más seguro y tomado como referencia, habitualmente el bono alemán a diez años en la zona euro. Se expresa en puntos básicos y refleja la percepción de riesgo de impago o de inestabilidad de un Estado. Una prima elevada encarece la financiación pública y privada del país; una prima baja abarata el coste de la deuda. Es un termómetro de la confianza de los mercados en la economía de un país.
La prima de riesgo es lo qué un país paga de más qué otro considerado muy seguro cuando pide dinero prestado en los mercados. En Europa se compara con Alemania: si Alemania paga un 2% por su deuda y España un 3%, la prima de riesgo española es de 100 puntos (la diferencia). Cuanto más desconfían los inversores de un país, más interés le exigen y más sube su prima. Una prima alta es mala señal: encarece la deuda del Estado y también, de rebote, los préstamos de empresas y familias.
Durante un periodo de tensión en los mercados, el bono español a diez años ofrecía una rentabilidad del 3,3% mientras el bono alemán al mismo plazo rendía un 2,3%. La prima de riesgo española era, por tanto, de un punto porcentual, es decir, 100 puntos básicos. Esa cifra reflejaba qué los inversores exigían a España un 1% adicional respecto a Alemania por asumir el mayor riesgo percibido. Cuando la economía española dio muestras de estabilidad y las cuentas públicas mejoraron, la confianza aumentó, la rentabilidad exigida cayó y la prima de riesgo se redujo, abaratando el coste de financiación del Estado.
La prima de riesgo se calcula como la diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años del país analizado y la del bono de referencia (el alemán en la eurozona), expresada en puntos básicos. La determinan factores como el nivel de deuda pública, el déficit, el crecimiento económico, la estabilidad política y la percepción global de riesgo. Su subida encarece las nuevas emisiones de deuda del Tesoro y se traslada al crédito de empresas y hogares. Los inversores, las agencias de calificación y los responsables de política económica la vigilan como indicador de sostenibilidad de las finanzas públicas.
Un error frecuente es interpretar la prima de riesgo de forma aislada, sin atender al nivel absoluto de los tipos ni al contexto económico. Otro fallo es confundir la prima de riesgo país (deuda soberana) con la prima de riesgo de mercado qué se usa en la valoración de acciones. También se olvida qué la prima refleja una percepción relativa: puede subir porque empeora el país o porque mejora el bono de referencia.
La prima de riesgo país no está regulada por una norma jurídica: es un indicador de mercado qué resulta de la cotización libre de la deuda pública. Se relaciona con las calificaciones de las agencias de rating y con el marco de disciplina fiscal de la Unión Europea, qué influye en la percepción de sostenibilidad de la deuda soberana.
Se calcula como la diferencia entre la rentabilidad del bono a diez años del país analizado y la de un bono de referencia considerado más seguro, habitualmente el bono alemán a diez años en la eurozona, expresada en puntos básicos.
Indica qué los inversores perciben más riesgo en ese país y le exigen una rentabilidad mayor por su deuda. Una prima alta encarece la financiación del Estado y, de forma indirecta, el crédito de empresas y familias, reflejando desconfianza en la economía.
El nivel de deuda pública y déficit, el crecimiento económico, la estabilidad política e institucional, la calificación crediticia del país y la percepción global de riesgo en los mercados financieros, entre otros factores macroeconómicos y de confianza.
Porque en la zona euro el bono alemán a diez años se considera el activo de referencia más seguro y líquido, y sirve de patrón para medir cuánto riesgo adicional perciben los inversores en la deuda de los demás países del área.
Sí, de forma indirecta. Una prima elevada encarece la deuda pública, lo qué puede presionar el gasto y los impuestos, y suele trasladarse al coste del crédito para empresas y hogares, encareciendo hipotecas y préstamos.