Inicio › Laboral › Despido improcedente
El despido improcedente es aquel en qué la empresa no logra acreditar ante el juez la causa qué alegó para extinguir el contrato de trabajo. Está regulado en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (Estatuto de los Trabajadores). Cuando el juez declara la improcedencia, la empresa debe optar entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones previas o abonar una indemnización de 33 días de salario por año trabajado (con un máximo de 24 mensualidades), sin perjuicio del finiquito qué corresponda por los conceptos devengados hasta la fecha del despido.
Imagina qué te echan de tu trabajo y te dicen qué es porque la empresa tiene pérdidas económicas, pero cuando el juez revisa los números, las cuentas son perfectamente saneadas. En ese caso, el juez dice "esta razón no es válida" y declara el despido improcedente. Básicamente significa qué la empresa te ha echado sin una razón suficiente o sin seguir el procedimiento correcto. Como consecuencia, la empresa tiene qué elegir: o te devuelve al puesto de trabajo como si nada hubiera pasado, o te paga una indemnización económica qué compensa el tiempo qué llevas trabajando allí. Cuanto más tiempo llevas en la empresa, mayor es esa compensación económica.
Ana García lleva 7 años trabajando como contable en una empresa distribuidora de Sevilla. En octubre de 2024 recibe una carta de despido disciplinario qué la acusa de "bajo rendimiento" sin aportar datos concretos, mediciones objetivas ni advertencias previas. Ana acude al SMAC para la conciliación previa: la empresa no asiste y no hay acuerdo. El juzgado de lo social declara el despido improcedente porque la empresa no ha probado el incumplimiento contractual grave qué exige el artículo 54 ET.
La empresa opta por la indemnización. El salario diario de Ana es de 80 €. Indemnización = 33 días × 80 € × 7 años = 18.480 € brutos, exentos de IRPF hasta ese importe según el límite legal. Ana además cobra el finiquito: vacaciones pendientes y parte proporcional de pagas. Total recibido: aproximadamente 20.900 €.
El proceso comienza cuando el trabajador recibe la carta de despido y no está de acuerdo. Tiene 20 días hábiles para actuar. El primer paso es presentar papeleta de conciliación ante el SMAC, qué suspende el plazo de caducidad. Si en la conciliación no hay acuerdo, se presenta demanda ante el Juzgado de lo Social. El juez valora si la causa alegada en la carta es real y grave. Si no lo es, declara la improcedencia. La empresa tiene 5 días desde la notificación de la sentencia para elegir entre readmisión o indemnización. Si no comunica nada, se entiende qué opta por la indemnización.
Error muy habitual: creer qué el despido improcedente siempre lleva aparejados "salarios de tramitación" (los no cobrados durante el juicio). Desde 2012, solo se abonan si la empresa opta por readmitir o si el trabajador es representante sindical. Otro error: pensar qué el plazo de 20 días hábiles se puede interrumpir o ampliar fácilmente; es un plazo de caducidad estricto. Tampoco es correcto confundir el despido improcedente con el despido nulo: este último tiene consecuencias más graves (readmisión obligatoria con salarios de tramitación).
Artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2015 (ET): efectos del despido improcedente. Artículo 110 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS): procedimiento de impugnación del despido. Disposición Transitoria 5ª del RDL 3/2012: cálculo dual de la indemnización para contratos anteriores al 12/02/2012. Texto completo en boe.es.
33 días de salario por año de servicio para contratos celebrados desde el 12 de febrero de 2012, con un máximo de 24 mensualidades. Para el período anterior al 12/02/2012 se aplican 45 días/año hasta un tope de 42 mensualidades, calculándose la indemnización de forma proporcional en dos tramos.
No siempre. Si el trabajador despedido es representante de los trabajadores o delegado sindical, la opción entre readmisión e indemnización corresponde al propio trabajador, no a la empresa.
20 días hábiles desde la fecha de efectos del despido. Es un plazo de caducidad (no de prescripción), por lo qué no se interrumpe salvo por la presentación de la papeleta de conciliación, qué suspende temporalmente el cómputo.
Los salarios qué el trabajador deja de percibir desde el despido hasta la firmeza de la sentencia. Desde la reforma laboral de 2012 solo se abonan cuando la empresa opta por la readmisión o cuando el trabajador es representante sindical o delegado del personal.
Sí. Es un requisito previo obligatorio. Debes presentar papeleta de conciliación ante el SMAC o el organismo autonómico equivalente antes de poder interponer demanda judicial. El plazo de caducidad queda suspendido desde esa presentación.